El pacto del Botanic ha cumplido con su promesa sobre la reversión del hospital de Alcira. Una decisión legítima y razonable a tenor de lo vivido en tiempos del PP. Guste más o plazca menos, este final habla bien de las promesas de los políticos. Ahora sólo queda dar tiempo al tiempo para ver si efectivamente la reversión produce mejores resultados cuantitativos y cualitativos, en nuestro sistema sanitario. Pronunciarse sobre ello, a día de hoy, no pasa de ser una especulación sustentada por una ideología u otra.
La única gran pega de este episodio es la forma como el equipo de la Conselleria ha llevado a cabo la reversión, en la que parece que no se ha reparado en gastos, tanto en el recurso a contrataciones de personal no previstas (303 profesionales) como en la falta de empatía negociadora que ha tenido mucho de ajuste de cuentas.
La empresa Ribera Salud de hoy, ya no es aquella criatura perserva, emanada en tiempos de Zapata y financiada con la firma de los corruptos personajes puestos al frente de nuestras cajas de ahorro. Hoy está en manos de una multinacional sanitaria Centene de trayectoria profesional nada despreciable y del ahora alicantino Banco de Sabadell. Durante estos meses la Conselleria no ha tenido enfrente a políticos, sino a profesionales; posiblemente no ha sabido entender el cambio en el escenario del rival, centrada en su legítima intención de conseguir la reversión. Desgraciadamente la operación costará más de lo razonable y ha abierto una batalla entre dos instituciones Generalitat y Ribera Salud que están condenados a entenderse en los próximos meses, o a verse con un juez entre medio.
Al igual que ocurrió este verano con motivo del nuevo contrato del IVO, el President Puig se ha visto obligado a recurrir a su caudal de confianza personal y de autoridad moral (dos recursos que en política se agotan fácilmente) para controlar las decisiones de la Consellera Montón a la hora de enfrentar un conflicto en el que ha sobrado ideología y ha faltado explicación a los valencianos.
A pesar de las declaraciones triunfalistas de la Consellera y de sus acólitos sindicalistas estamos ante un juego de suma negativa ya que para mantener el nivel de asistencia se tendrán que destinar recursos adicionales no previstos, que incidirán sobre las cuentas de la GV, al tiempo que Ribera Salud se siente despreciada, mucho más allá de haber perdido la pelea. Solo la responsabilidad política del President, consciente del problema, explica que el miércoles obligara a la Consellera, a 72 horas del cierre del proceso, a reunirse con Ribera Salud. No hablamos sólo de relaciones institucionales más o menos tensas sino de millones de Euros que pueden no llegar en 2018.
Una de las consecuencias aparentemente desconocidas de esta reversión (y de otras en marcha) reside en que en los Presupuestos de la Generalitat de 2018, figuran como ingreso previsto, una reclamación a Ribera Salud de 102 millones de Euros por la concesión del área de salud de la Ribera durante los años 2013, 2014 y 2015 (los tres últimos ejercicios del PP). Carmen Montón considera que entonces se cobró a la Generalitat gran parte de la nómina del personal estatuario que trabajaba en el hospital privatizado y que ya paga la Generalitat, así como las diferencias de facturación intercentros y la revisión de la cápita definitiva, que sería favorable a la Generalitat.
Aunque se piense que todo es tan sencillo como pagar una determinada cantidad (capitativa) por ciudadano de La Ribera, lo cierto es que el contrato establece un precio que se determina en la liquidación en el que se contempla una parte capitativa, otra no capitativa formada por el saldo de la facturación intercentros (resultado de la diferencia entre el importe de las asistencias que presta la concesión a la población de fuera de su área de gestión y el importe de las asistencias prestados por departamentos de gestión directa a población de la cápita de la concesionaria), los ajustes de población, el descuento del coste del personal estatuario que presta servicios para la conselleria, así como otros conceptos que corresponde a gastos abonados por Sanidad por cuenta de la concesión y que se repercuten en la liquidación. En consecuencia la reversión tiene algo más que cuelgues.
Frente a los 102 millones que supuestamente la administración de Fabra habría pagado de más que ahora se reclaman, Ribera Salud asegura que desde enero de 2017 viene reclamando la convocatoria de la Comisión Mixta para dirimir las liquidaciones como establece el pliego de condiciones, algo que ha incumplido la Conselleria. Y lo que es más preocupante para los que deseamos que la Generalitat recaude legalmente todo lo que pueda: la empresa solo reconoce que debe pagar 50 millones de los 102 y sorprendentemente afirma que «es totalmente erróneo afirmar que Ribera Salud debe devolver dinero a la Generalitat si las liquidaciones salen a favor de ésta».
Este es el trasfondo de la reunión del miércoles impulsada por el President. Si la Conselleria sigue en sus trece y es incapaz de negociar un acuerdo infernal aunque vigente, gestado en tiempos del PP, tanto el destino de estos 102 millones como el de otros 200 correspondientes a años posteriores de los ahora discutidos, como los de otras concesiones es la vía judicial, momento en el cual pasará 2018 sin ingresos asumidos como tales por la Conselleria de Hacienda. Antes de la reunión del miércoles la decisión de la vía judicial era algo más que una amenaza, otro episodio maldito donde los jueces deciden sobre aquello que los políticos no saben resolver.
La decisión de Puig fue nombrar a tres técnicos, uno de Presidencia, otro de Hacienda y sólo un tercero de Sanidad, para que inicien unas conversaciones lo más solventes y despolitizadas posibles para que el episodio de la reversión no quede empantanado en los juzgados cuando la Generalitat sigue financieramente ahogada.
