La dependencia económica y estructural de las universidades públicas respecto de los entes autonómicos constituye un enorme riesgo de utilización política de la institución universitaria. La celeridad con la que el rector de la universidad Rey Juan Carlos (URJC) se lanzó a la defensa de la todavía presidenta de la Comunidad de Madrid es un síntoma de que algo funciona mal en esa relación entre política y universidad y deberían tomar nota los gestores universitarios antes de dejarse embaucar con privilegios o migajas y mantenerse firmes en la defensa de la verdad, la legalidad y el rigor científico frente a la presión de los mediocres aupados sobre situaciones de poder.

La peregrina historia de que frente a informaciones periodísticas inculpatorias de falsedad en la obtención del título de máster por parte de Cristina Cifuentes, el rector Ramos López perdiera los papeles en una lamentable defensa a ultranza de la presidenta del PP evidencia lo bajo que han caído algunos universitarios en su servilismo frente al poder y la chulesca actitud de quien se vanagloriara de haber obtenido un título en un máster presencial sin haber asistido a clase ni realizado exámenes. Todo ello demuestra claramente lo intocables que se consideran algunos de nuestros representantes políticos, lo poco en que valoran a la institución universitaria y lo serviles que pueden llegar a ser las llamadas autoridades académicas.

Confiemos en que Ciudadanos esté a la altura en la cuestión de la moción de censura a Cifuentes y en que, después de esta historia, los rectores y vicerrectores se lo piensen dos veces antes de vender a las instituciones que representan a cambio de la organización de un congreso, un aumento en la financiación con el dinero público de los contribuyentes o alguna otra prebenda para sus departamentos o grupos de investigación.

Nos jugamos mucho si dejamos que el descrédito haga mella en la institución universitaria porque eso nos dejaría, como sociedad, huérfanos de un faro ético que señalara los límites de la verdad científica y el comportamiento moral. Si alguien ama a la universidad en la que realizó sus estudios o a la que debe servir como representante público, debe dejar de lado la pretensión de controlarla o, peor aún, ponerla al servicio de sus intereses. No hace falta que tengan lugar juicios ni se emitan sentencias, la sola sospecha de que se hayan producido comportamientos incorrectos o de que se haya faltado a la verdad en temas relativos a las titulaciones universitarias debería bastar para que se investigue primero y se den ruedas de prensa o declaraciones públicas después de haber escuchado a profesores y estudiantes. Lo otro, lo que hemos visto en estos días es lo que hay que evitar y esperemos que ambos, presidenta de la Comunidad de Madrid y rector de la URJC dimitan al unísono o sean apartados por los organismos que presiden.