Triste aniversario

Este decreto recorta el acceso a medicaciones o artículos protésicos y ortopédicos para la población general, con un impacto mayor sobre las personas y familias con menores recursos. Su resultado es una restricción drástica de las prestaciones sociales para los colectivos de personas más afectados por problemas de ingresos, empleo y vivienda. Así, se ha abocado a la población más vulnerable a una situación de verdadera catástrofe, situando a España en la cabecera del aumento de la desigualdad social en Europa. Las plataformas por el derecho universal a la salud han recogido datos, emitido informes y denunciado estas situaciones, alertando al conjunto de la sociedad sobre sus consecuencias, a la vez que han exigido reiteradamente la derogación de las leyes de exclusión sanitaria.

Por su parte, la mayoría de comunidades autónomas, incluidas algunas gobernadas por el propio PP, pusieron en marcha medidas en su ámbito territorial, con el objeto de paliar las situaciones de exclusión sanitaria. Prácticamente todas estas medidas han sido recurridas por el Gobierno español ante el Tribunal Constitucional, que las ha anulado sucesivamente. Es la expresión de una reafirmación del ámbito competencial del Estado central, acotando las competencias autonómicas y recentralizando la toma de decisiones en estas materias.

Diferentes instituciones internacionales (Comité de derechos económicos, sociales y culturales, grupo de la OMS de expertos en africanos y afrodescendientes, Comité europeo contra el racismo y la intolerancia) han calificado la medida como grave, no justificada, economicista, contraria a la ética y peligrosa para el conjunto de la población desde el punto de vista de la salud pública. Pese a ello, el Gobierno continúa manifestando su intención de no derogarlo y con el apoyo de Ciudadanos ha bloqueado posibles iniciativas en ese sentido.

Además el Estado español, no solo excluye de la sanidad pública a las personas, sino que apuesta sin sonrojo por el beneficio de la sanidad privada y en detrimento de la sanidad pública. Los últimos presupuestos generales del Estado consignaban un 5,8% del PIB a sanidad, el porcentaje más bajo de los últimos años y casi la mitad del 9,5 % que recogían en 2011. La apuesta manifiesta en política presupuestaria para abrir aún más el negocio sanitario al sector privado, tiene su reflejo en la composición del Consejo Asesor de Sanidad de la ministra Dolors Montserrat, en el que predominan los miembros del lobby farmacéutico y hospitalario privado, en detrimento de los representantes de estamentos públicos.

Sin noticias sobre soluciones inminentes, queda poco espacio para la alegría conmemorativa o para el desmayo. Por el contrario, es preciso intensificar la respuesta de la sociedad civil con todos sus recursos.