01 de mayo de 2018
01.05.2018

Solidaridad con quienes más la necesitan

01.05.2018 | 04:15
Solidaridad con quienes más la necesitan

Cuando garantizar la salud como derecho universal es un principio irrenunciable es obvio que el acceso a los medicamentos que las personas necesitan para tratar su enfermedad es pieza fundamental de esa política. Es por ello que la Generalitat Valenciana, con la colaboración de las oficinas de farmacia, puso en marcha en 2016 las ayudas al copago a pensionistas y personas con diversidad funcional. En 2017 se dio un paso más con la ampliación a menores adscritos a una tarjeta sanitaria cuyo titular percibiera menos de 18.000 euros anuales. En todos los supuestos el objetivo es eliminar los obstáculos económicos que el sistema de copago impuesto por el Gobierno de Rajoy representa para los colectivos más vulnerables. Es decir, se trata de ser justos y solidarios a través de la acción política. Esa es la obligación de un gobierno, al menos del valenciano, y también una convicción que no se limita a las palabras. Hace unos meses, con la aprobación de los Presupuestos de 2018, se anunció un aumento de 35 millones de euros para paliar la pobreza farmacológica. En total cerca de 90 millones de euros destinados a garantizar los derechos de casi dos millones de personas socialmente vulnerables. Las personas desempleados lo son y, por tanto, a partir de ahora se sumarán en la Comunitat Valenciana a los beneficiarios de estas subvenciones. Más de 220.000 personas con un importe cercano a los diez millones de euros.

Ayudas que irán dirigidas a personas que perciben la prestación por desempleo, que la han agotado y no han empezado a trabajar ni cobran subsidio o que sí lo perciben. En los tres supuestos el nivel de renta también ha de ser inferior a los 18.000 euros. Los motivos para habilitar estas subvenciones son, en todos los casos, contundentes. Están respaldados por una manera de entender la gestión pública como mecanismo corrector de las desigualdades, pero también por informes socioeconómicos y estadísticas. Así, la población desempleada mantiene las más altas tasas de pobreza, tal y como se indica en el "Informe del estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de riesgo y exclusión social en España 2008 – 2016" de la Red Europea Contra la Pobreza. El abandono de los tratamientos en estas personas no solo pone en riesgo su salud a corto plazo sino que compromete su recuperación funcional y su rehabilitación con el consecuente aumento de inactividad que puede suponer. Es decir, supone un agravante a su ya precaria situación y un lastre de importancia para su reinserción en el mercado laboral. En la Comunitat Valenciana, este colectivo presentó en 2017 una tasa de no adherencia del 13%, lo que significa que más de 244.700 tratamientos se abandonaron o no se iniciaron. Cabe recordar, que estas personas costean el 40% de sus tratamientos con un desembolso variable en función de su carga de enfermedad y, por tanto, de la necesidad de unas u otras medicinas.

Las ayudas a los copagos se certifican con cifras, pero su virtualidad está detrás de cada nombre y apellido de las personas que se vieron obligadas a abandonar un tratamiento por causas económicas y que con las ayudas han podido reanudarlo. El año pasado, cerca de 1,3 millones de personas se beneficiaron de ellas y el efecto fue claro y cuantificable: más de un 39% de disminución de la tasa de abandono en pensionistas y casi un 30% en personas con diversidad funcional. Para contextualizar la importancia de estos registros baste señalar que el Barómetro Sanitario del CIS de 2014 reflejaba que mientras la tasa media nacional de abandonos estaba en el 4,5%, en la Comunitat Valenciana se situaba en el 7,9%.

Es constatable que se ha dado un vuelco a esta situación que, por ejemplo entre pensionistas, tuvo un efecto pernicioso de inmediato. Según estudios realizados por prestigiosos especialistas en economía de la salud (artículo publicado en Heart, del grupo del British Medical Journal) la entrada de los copagos impuestos por el PP rebajó casi el 7% el uso de anticoagulantes o el 8,3% el de estatinas en pensionistas que habían sufrido un infarto. Medicamentos cuya toma debe ser diaria para evitar otro. Datos que, como mencionaba, son historias humanas normalmente plagadas de dificultades. En síntesis, ayudas frente al copago necesarias que garantizan derechos. Motivos más que suficientes para que un gobierno comprometido con sus principios actúe. Es obligación y es convencimiento. Son principios y son prioridades. Es, en definitiva, construir un modelo de sociedad cimentado en la solidaridad con aquellos que más necesitan de ella.

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