02 de mayo de 2018
02.05.2018

Legislar sobre el alcohol

02.05.2018 | 00:22
Legislar sobre el alcohol

El Gobierno declara su intención de redactar un proyecto de ley para prevenir el consumo de alcohol entre los menores de edad. La noticia rejuvenece o, cuando menos, retrotrae a tiempos pasados. Y es que, aun tratándose de una excelente idea, la iniciativa es tan reiterativa como de dudosa credibilidad. Suena a conocido, a un déjà vu que nos sucede invariablemente en cada legislatura. Ojalá que, de una vez por todas, la propuesta deje de ser como el dichoso Guadiana, que aparece y desaparece cuando le viene en gana. Esperemos.

Uno ya acumula añitos oyendo esta historia. Si la memoria no me falla, no baja de cuatro el número de veces que me han contado la misma milonga. La inicial la viví en primera persona, en aquellos tiempos en los que Rajoy era ministro del Interior -el Plan Nacional sobre Drogas dependía de ese departamento- y parecía dispuesto a presentar batalla a la alcoholización de los adolescentes. Finalizaba la segunda legislatura de José María Aznar y recuerdo que me hablaban de las reticencias de un diputado socialista de León que defendía los intereses de los vinateros de la Ribera del Duero. Como argumento para oponerse a las medidas, consideraba que no debían meterse en el mismo saco el vino y el aguardiente. Por aquello de la falta de consenso, nunca más se supo de aquel borrador legislativo.

La vida da tantas vueltas que, apenas un año más tarde, ese diputado acabó por dirigir el país. Sí, era Zapatero. Y, por extraño que parezca, bajo su presidencia apareció nuevamente la idea de legislar para afrontar el creciente abuso de alcohol entre los jóvenes. Donde dije digo, digo Diego, porque no es lo mismo despotricar en la oposición que acabar gobernando. Sería la socialista Elena Salgado quien, en 2006 y como ministra de Sanidad, desempolvara los papeles para presentar un texto con escasas diferencias respecto al anterior. Al fin y al cabo, la práctica totalidad de las comunidades autónomas disponían ya de sus propias leyes que, salvo pequeños matices, coincidían en la inclusión de actuaciones de contrastada eficacia. Nada de ideas peregrinas, sino bien fundamentadas en los principios que la Organización Mundial de la Salud aconsejaba. No era, en absoluto, una tarea compleja; bastaba -ojo, y sigue bastando- con un simple corta y pega. Y con hacer cumplir la ley, que no es poco.

De poco sirvió el interés, si realmente existió, porque el resultado fue el mismo. En esa ocasión fue Rajoy quien se opuso, considerando que el proyecto de ley socialista era «un disparate que solo había creado muchos problemas a la gente». Supongo que se referiría a la gente del negocio alcoholero, porque el conjunto de los españoles saldría beneficiado con esas medidas. Y, para no dejar lugar a dudas, advertía: si el Gobierno socialista llegaba a aprobar la ley, los populares se comprometían a derogarla al llegar al poder. No fue preciso porque ZP se echó atrás, argumentando nuevamente la falta de consenso político. La historia se repetiría nuevamente con el regreso de los populares a La Moncloa y con Ana Mato como ministra. Vuelta a empezar. Eso sí, siempre a final de legislatura, cuando el tiempo apremia y las promesas tienen tan escaso recorrido que acaban por convertirse en cantos de cisne.

Con el paso del tiempo, el problema se ha ido agravando. El consumo problemático de alcohol entre los menores asusta y, de nuevo, volvemos a iniciar el ciclo. Esta semana han concluido los trabajos de la Comisión Mixta Congreso-Senado, que se encargó de elaborar un informe que sirviera de base para la prometida ley. Tanto ha costado el nuevo parto de la burra, que han precisado aprobar tres prórrogas porque, supongo, no daban abasto con tanta comparecencia. Quien ya ha participado en algunas de estas ponencias está obligado a preguntarse si los retrasos han sido fruto del exceso de trabajo o, por el contrario, el resultado del interés por demorar las conclusiones. Pregunto a un viejo compañero de batallas, que ha comparecido por enésima vez ante diputados y senadores. Me responde lo esperado: «Ya sabes, más de lo mismo».

Entiendan que la duda tiene razón de ser. Cierto es que la actual ministra, Dolors Montserrat, prometió preocuparse del asunto nada más recibir la cartera. Tan cierto como que nos vienen con el cuento cuando la legislatura anda un tanto avanzada y con riesgo de que decaiga en las Cortes. Tampoco son muy clarificadoras sus declaraciones: «Queremos dentro de esta legislatura y dentro de este año, como mínimo, aprobar el proyecto de la primera parte de la ley antes de llevarla al Congreso de los Diputados». ¿Primera parte? ¿Nos espera una ley a plazos? Recuerda a Groucho y Harpo Marx, cuando decían aquello de «la parte contratante de la primera parte». Lo dicho, tantas veces se ha repetido la situación que un servidor no espera, pero tampoco desespera; simplemente, observa con cierta incredulidad.

Uno de cada tres menores abusa mensualmente del alcohol y el 70% bebe con la misma frecuencia. Las cifras obligan al Gobierno de Rajoy a dar un paso al frente y presentar, a la mayor brevedad, una propuesta legislativa. De la no siempre leal oposición también cabe esperar altura de miras, cuando menos por respeto a las generaciones venideras. No es cuestión de seguir mareando la perdiz con la falta de consenso en un tema en el que la sociedad española coincide mayoritariamente. Este ha sido, hasta la fecha, el argumento último para acabar tirándolo todo por tierra. Pero no se trata de discrepancias ideológicas, sino de la conjunción del interés del gobierno de turno por dilatar un asunto que pisa callos y la burda tendencia de la oposición a frenar todo cuanto suene a positivo. La historia reciente demuestra que la película viene siendo la misma, con los mismos actores alternándose los papeles.

En España, legislar sobre el alcohol debe ser una tarea más compleja que redactar la mismísima Constitución. Ya les digo, quince añitos llevamos esperando. Prepárense para oír de nuevo que las leyes no sirven, cuando ni siquiera se han aprobado. Lo inútil, por cierto, no son las normas sino el desinterés por hacerlas cumplir. A buen seguro, criticarán también las restricciones publicitarias y las subidas de precios de las bebidas alcohólicas, dos medidas en las que se sustenta el éxito obtenido en los países que disponen de políticas coherentes en esta materia. Ni que decir tiene que darles un tirón de orejas a padres y madres tampoco está de más, por mucho que exija redaños para hacerlo. Con todo, siempre será mejor disponer de un marco legislativo que seguir durmiendo el sueño de los justos.

Toquemos madera y esperemos que las Cortes Generales lleguen a debatir el esperado proyecto de ley para prevenir el consumo de alcohol entre los jóvenes. Llegado ese momento, habrá que exigir coherencia a unos y otros. Y valor, por cierto, porque aquí siempre ha acabado ganando la batalla el lobby alcoholero que, al fin y a la postre, es el que decide. Tanto es así que hasta diseña las campañas de supuesta prevención. Fíjense si seremos inocentes que es el propio zorro quien cuida del gallinero. Ahí está el problema y así nos va.

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