03 de mayo de 2018
03.05.2018

La justicia del pueblo

03.05.2018 | 04:15

La sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra por la que se condenó a los cinco miembros de «la manada» a penas de 9 años de prisión y 5 de libertad vigilada por la comisión de otros tantos delitos continuados de abuso sexual ha incendiado las calles y las redes. Se ha llegado a pedir la cabeza de los magistrados que la dictaron a través de una plataforma digital que no voy a publicitar. Se han producido manifestaciones «espontáneas» ante algunas sedes judiciales claramente coactivas hacia los jueces. Se han vertido expresiones alusivas al «asco» y «vergüenza» que a algunos les ha producido el contenido de la resolución, naturalmente sin haberla leído antes. Muchos políticos oportunistas, por un puñado de votos, se han subido a la grupa de las masas enardecidas criticando abiertamente al Poder judicial. Algunos conversos a esta rancia justicia popular incluso han sido jueces de profesión en otro tiempo. Dudosamente compañeros. El temporal inquilino de la calle San Bernardo 45, ignorando, o más bien despreciando, las funciones que le competen como ministro de Justicia en el delicado equilibrio de poderes que está obligado a mantener, no ha tenido mejor ocurrencia que insinuar falta de capacidad en uno de los magistrados de la Audiencia, como si su voto particular no fuese fruto de la valoración jurídica sino de algún desequilibrio de los humores, llegando incluso a señalar al CGPJ la conveniencia de actuar disciplinariamente contra él. Pocas veces hemos asistido a un mayor grado de interferencia en la labor jurisdiccional. No se imaginan Vds. el grado de preocupación que sienten los jueces y magistrados de este país ante la deriva que están tomando los acontecimientos. Con razón se ha pedido su dimisión por las cuatro asociaciones judiciales y las tres de fiscales.

Y todo este monumental lío, que «casualmente» coincide con las preanunciadas movilizaciones de los jueces y juezas en defensa y reclamación de una moderna administración de justicia, deriva de una simple discrepancia entre lo que parte de la sociedad esperaba de la resolución judicial y lo que los magistrados concluyeron en primera instancia (aún quedan otras dos). Un detonante que les viene de perlas a algunos para desviar las miradas de algunos asuntillos incómodos, pero que tiene muchísimo peligro incluso para ellos, aunque no parezca importarles. Ya se sabe que es fácil prender fuego, pero difícil contener las llamas una vez que se propagan.

Y es que no aprendemos. Ya nos hemos olvidado de las devastadoras consecuencias del «sano sentimiento popular», como cuando Dolores Vázquez (caso Rocío Wanninkhof) fue víctima de un juicio paralelo en el que se la declaró culpable de asesinato por un jurado popular (no por unos jueces profesionales). Los detalles de la investigación y de la vida privada de los protagonistas recibieron una cobertura mediática ilimitada, de tal forma que cuando se llegó al juicio la suerte parecía echada. Curiosamente, y en contra de lo que es habitual, no hubo ninguna renuncia para ser miembro del jurado. Todo el mundo tenía claro que era culpable. Nadie parecía tener problemas de conciencia. Pero resultó que no. Que, para su inmensa fortuna, apareció tiempo después el verdadero culpable (Alexander King), aunque ello no impidió que Dolores pasara 519 días en prisión y aun hoy, casi 20 años después, arrastre graves secuelas después de que todo un país la tuviera por asesina de una niña.
A la vista de lo que está sucediendo, cabe preguntarse si los vociferantes que corean con entusiasmo y rasgamiento de vestiduras las consignas dolosamente prefabricadas por ciertos gestores de oscuros intereses en contra del Tribunal, y por extensión de todos los jueces y juezas, estarían muy a gusto si fuese una horda de ciudadanos indignados y sedientos de venganza quienes los juzgaran teniendo en cuenta, no las pruebas, sino los decibelios de «la calle» o las eruditas aportaciones de «los expertos consultados» que copan las radios y televisiones del Reino. Probablemente ni se lo hayan planteado, porque ellos son probos ciudadanos que nunca van a tener la mala suerte de que una pesquisa policial, por una casualidad del destino, conduzca hacia ellos a los investigadores y jamás van a acabar inmersos en un procedimiento criminal. Nunca van a conducir pasados de copas ni van a levantarle la mano a nadie en una trifulca de bar, así que no tienen razones para preocuparse. Pero la reflexión debiera estar clara para estos «demócratas»: si tan mal lo hacen los jueces españoles y tan distanciados están de la sensata y ecuánime ciudadanía (ellos se creen además toda la ciudadanía, 47 millones de almas), tendrá que haber tribunales populares para todo: desahucios, preferentes, cláusulas suelo, despidos, multas, expropiaciones, custodias de hijos, pensiones, indemnizaciones por accidentes de tráfico, etc.

Y vaya con «la calle ha hablado». Menudas boquitas. De «escoria humana» para arriba los insultos. Qué majos ellos (y ellas). No se imaginan lo contentos que se han puesto los jueces y juezas de esta parte del sur de Europa al escuchar tales lindezas. Y lo motivados que llegan cada mañana a su despacho para afrontar los juicios del día y sentarse luego en casa por la tarde a dictar sentencias reconociendo indemnizaciones, declarando despidos improcedentes o nulos, otorgando pensiones y decidiendo custodias en divorcios o enchironando a políticos corruptos. Todo eso mientras oyen en la radio los buenos deseos para con sus hijas adolescentes o la cantidad de mierda en que algunos sepultarían a sus señoras madres, a las que al unísono atribuyen profesiones de mucho abolengo.

Sin duda, la Edad contemporánea nacida tras la Revolución Francesa parece que hizo poca fortuna en algunos que prefieren ser súbditos y no ciudadanos, justicieros y no justos. Existen, sin duda, otras opciones y otros modelos para impartir «justicia» más acordes con su forma de pensar: la ley de Lynch, la ley del Talión y hasta la ley del embudo. Aunque el modelo verdaderamente ágil es el del juez de la horca. Ya saben, aquel forajido del lejano Oeste que convirtió un prostíbulo en su peculiar juzgado jactándose de conocer las leyes porque las había quebrantado todas a lo largo de su vida y de necesitar sólo un revólver y una soga para hacer justicia. Recuerden la mítica frase: «no importa lo que digas. Voy a colgarte porque yo soy la ley y la ley es el brazo fuerte de la justicia. ¡Coged una cuerda!».

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook