09 de mayo de 2018
09.05.2018

Los niños de educación especial del CEIP J. Balmes

09.05.2018 | 04:15
Los niños de educación especial del CEIP J. Balmes

Cabe guardar silencio cuando se tiene la oportunidad de hacer saber a otros la situación por la que pasan personas que deben ser atendidas; puede considerarse que este tipo de cosas pasan y consolarse con tan débil y parca justificación. Pero ese silencio está cargado de contenido: es pura connivencia con el mal hacer, la arbitrariedad o la corrupción. Esta es la situación en la que me encuentro, pues acabo de firmar un documento dirigido al Síndic de Greuges en el que se manifiesta una queja que es especialmente lacerante. El texto de la queja dice lo siguiente: «Los niños con necesidades educativas del CEIP Jaume Balmes de Valencia han estado dos meses en escolarización ordinaria y cuatro en el aula CyL, sin educador, con la gravedad de que muchos de ellos no han podido asistir con normalidad a sus clases de referencia, en perjuicio de su inclusión, no se han llevado los Programas de Autonomía y han perdido oportunidades de aprendizaje». Lo que se denuncia no precisa comentarios y solo quiere ser una aportación limitada.

La queja al Síndic se dirige después de haber urgido la llegada de los educadores ante las instituciones más variopintas y, por supuesto, ante la Inspección Educativa y el director general de Política educativa, Jaime Fullana. La petición al Síndic también solicita algo elemental: modificación de los procesos para que en siete días sea adjudicado educador, que los profesores remitidos al centro tengan «formación adecuada para tratar con niños de necesidades educativas especiales, dotar al centro público de herramientas necesarias para una verdadera educación inclusiva y de calidad y dotar de continuidad la actividad de los profesionales para facilitar el entorno estructurado que precisan». Valore el lector lo que piden estos padres de un centro público de educación ubicado en València y casi centenario.

La demanda es tan sangrante que descalifica a la administración que debe atender a este colectivo. La demanda es tan sencilla que solo pide que en siete días se adjudique el profesor especialista. Esto me recuerda que hace muchos años y dirigiendo el IB de Alaquás ya pacté con el compañero Paniagua que los profesores sustitutos accedieran a la suplencia siete días antes de producirse la baja del profesor titular para que el nuevo profesor pudiera conocer y valorar con proximidad el medio escolar en el que iba a trabajar; una simple llamada activaba un proceso que en ulteriores días cumplía con toda las formalidades.

No saldrá en el telediario, pero sería razonable que esta falta de atención («dos meses en escolarización ordinaria») de los niños que precisan educación especial sirviera, al menos, de motivo de escándalo para la administración educativa. ¿Nadie es responsable de esta deficiencia? Espero que la nueva televisión autonómica se ocupe del tema y traslade el malestar de estos padres.

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