Hasta el pasado 26 de abril, hablar de subir las pensiones como la inflación, en línea con lo que demandaban las movilizaciones de jubilados, era para el Gobierno "engañar a la gente con promesas de telediario". Después de ese día, la revalorización pactada con el PNV -1,6% este año e igual al IPC en 2019, más las mejoras en las pensiones mínimas y de viudedad concertadas previamente con Ciudadanos- se transformó, en palabras de los mismos dirigentes del PP que habían pronunciado aquellas otras, en una forma justa de "extender los beneficios del crecimiento a los pensionistas". El volantazo del Ejecutivo con las pensiones, presionado por la calle, por la falta de apoyos al Presupuesto y por la expectativa de un adelanto electoral con las encuestas en picado para el PP, tiene lógica política y es socialmente justo. Pero las cuentas que lo acompañan no son de fiar, por más que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hiciera otra demostración de brujería contable mezclando un poco de aquí (la expectativa de un menor gasto en intereses de la deuda y en el agujero de la autopistas quebradas) y de allá (creación de un impuesto sobre los servicios digitales, aún de diseño incierto) para concluir que, aún subiendo las pensiones como no se podía hacer antes del 26 de abril, no estará comprometido el objetivo de reducir el déficit público al 2,2% del producto interior bruto (PIB). La primera que no se lo cree es la Comisión Europea, que, incluso sin computar la revalorización de las pensiones hasta el 1,6%, pronostica que el agujero de las cuentas españolas en 2018 será unos 5.000 millones superior a lo reconocido por Montoro. No obstante, hace tiempo que Bruselas ruge pero no muerde con el déficit, centrada como está la UE en piezas mayores: el "Brexit", el ajuste del presupuesto comunitario, la enmohecida agenda para una mayor integración económica, la hostilidad comercial de Trump... Las cuentas deberían preocupar sobre todo dentro de casa porque los números como mínimo chirrían. En las previsiones que el Gobierno ha remitido a Bruselas se afirma que el déficit de la Seguridad Social (17.000 millones, el 1,48% del PIB en 2017) bajará al 1,1% en 2018 y que en tres años más (2021) el sistema estará en equilibrio. La calculadora de Montoro da ese resultado a pesar de que la revalorización extra de las pensiones para 2018 y 2019 y el aplazamiento del llamado "factor de sostenibilidad" (un recorte en las pensiones iniciales que iba a entrar en vigor en 2019 y que se aplaza hasta 2023) van a hinchar los gastos en unos 15.000 millones de euros durante el próximo cuatrienio. Hace justo un año, otras calculadoras del Ministerio de Empleo y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal reflejaban que, aun subiendo las pensiones únicamente el 0,25% y ajustando las nuevas a la esperanza de vida ("factor de sostenibilidad"), la Seguridad Social tendría déficit hasta 2022 (del 1% según la Autoridad Fiscal y del 0,83% según el departamento de Fátima Báñez) y probablemente durante unos cuantos años más allá. Menuda diferencia entre esos números de abril de 2017 y los más recientes de Montoro. ¿Magia contable? ¿Política de tira que libras, Cristóbal? Quizá una evidencia más de lo que es verdaderamente inaplazable: encontrar respuestas pactadas, estables, justas y realistas para preservar el Estado del bienestar. En lugar de números mutantes.
