Hace ya muchos años tuve que intervenir en un caso judicial pudiendo conocer, de primera mano, los «principios» y formas de los bancos. Después, lo que sabemos de la Gran Crisis y sus causas, incrementaron mi despreció por el capitalismo financiero. Aunque fue un grano de arena supe de uno de los mayores ataques financieros (cesiones de crédito) contra aquella joven democracia. El resultado fue desmoralizador, nació la «doctrina Botín», paradigma de fiscales y jueces con pocos redaños para defender el dinero de todos y no sólo de algunos accionistas. Las derivaciones llegaron a la familia Borbón, que todavía hoy, Junio de 2018, espera la decisión del Tribunal Supremo sobre Urdangarin. Tiemblo ya que habló de la institución judicial que tiene en sus manos la gestión del problema catalán.
Ocultada por el peso mediático del caso Zaplana, ha pasado algo desapercibida, que el Banco de Santander haya vendido su deuda con el gestor de La Marina, el Consorcio Valencia 2007 (CV2007), cuyos dueños son: Generalitat (40%), Ayuntamiento (40%) y Gobierno central (20%). El comprador: Taconic Capital Advisors Global Credit Master (TCAGC) un fondo buitre.
Los bancos disponen de un abanico de mecanismos legales que, sin alcanzar la plasticidad del Sr Del frac ni la contundencia del sicario cinematográfico, les permiten minimizar pérdidas, aunque la equivocación haya sido de sus propios gestores a la hora de conceder préstamos. Ello incluye los concedidos a partidos y a políticos deshonestos e incapaces.
El Banco de Santander a pesar de lo mucho que había amenazado, no se ha atrevido a llevar a CV2007 a los tribunales británicos y ha buscado una especie de sicario para hacerlo. Ni siquiera ha tenido el estilo de vender su deuda a la Generalitat, que estaba dispuesta a ello para buscar algún tipo de solución global dentro de CV2007.
TCAGC es uno de los fondos que compraron la deuda de 4.000 millones de Euros correspondientes a radiales que el conjunto de españoles acabaremos pagando con nuestros impuestos. Son las consecuencias de estos contratos que las empresas de obras públicas consiguen, donde si la instalación funciona consiguen los beneficios correspondientes y si hay un desastre el Estado asume el estropicio. TGAGC ha comprado esta deuda, a los bancos que en su momento decidieron financiar a las empresas de estas autopistas, por un 15% de su nominal (¡Un descuento del 85%!). Un ejército de abogados está en marcha para que el Gobierno de turno acabe pagando.
Los fondos buitres saben de los disparates que las administraciones públicas cometen. Desgraciadamente ellas son ejemplo de toma de decisiones, cuyos responsables desaparecen del foco cuando todos pagamos sus anteriores dislates. En 2001, cuando Argentina entró en suspensión de pagos (acordarse del final del corralito y de sus muertos) más del 90% de tenedores de deuda aceptaron un descuento del 70 % del valor nominal, con fechas de vencimiento de cinco años. Sin embargo, hubo fondos que aprovecharon para comprarla a buen precio. En 2015, un juez americano sentenció que los bienes del Gobierno argentino en EEUU eran expropiables, excepto los militares y diplomáticos. ¡Consiguieron 832 millones de dólares por una deuda adquirida por 49 millones! Por entonces el presidente De la Rua y su gobierno de la ápoca gozaba de una saludable vida de jubilado en la propia Argentina.
CV2007 nació en 2003 impulsada por el «desaparecido» Francisco Camps y la difunta Rita Barberá. Las obras para adaptar el puerto a la Copa del América comenzaron en 2004; el consorcio recurrió en febrero de 2005 al ICO; y en 2006 firmó un préstamo de 320 millones, en el que se le pidió un derivado de cobertura del tipo de interés que firmo el Santander. El ICO, más prudente que el banco privado, aseguro su aval del Estado, cosa que no ocurría ni con la deuda del derivado financiero, ni con una posterior póliza de crédito del Banco. En el fondo se pensaba que el Estado, o sea todos, acabaríamos haciéndonos cargo de las megalomanías de Camps/Barbera y Zapatero. Nadie pensó que España podía ser intervenida.
El presidente de CV2007 es el alcalde Ribó cuyas prioridades políticas, antes de la llegada de TCAGC, se redujeron a la mediática tarea de Compromis de despojar, en 2017, a la Marina del nombre de Juan Carlos I. Por si necesitábamos más victimismos valencianos, el ayuntamiento exige que el Gobierno Central se haga cargo de toda la deuda (ICO y Santander). El estribillo «Madrid es culpable de todos nuestros males» suena ya a masturbación política.
Desde que en 2007 el puerto se reformó, a golpe de deuda, para albergar el circuito automovilístico, La Marina y la Formula-1 se fundieron en un episodio de despilfarro que los ejecutivos del Santander no quisieron o no supieron ver. Finalizado los entusiasmos deportivos se hizo patente que hacer rentable aquella inversión era imposible. Los últimos informes son desoladores:
- Una deuda de 420 millones de euros: 320 millones iniciales de crédito ICO; 90 millones con el Tesoro por cuotas atendidas, no pagadas al ICO y 67 millones del Banco Santander (53,3 por la declaración de vencimiento anticipado del derivado de cobertura; 12,6 por deuda del préstamo principal; y 6,7 de intereses).
- A pesar de la ocupación de algunos edificios, la empresa perdió en 2016, 23 millones de euros (22 millones perdidos en 2015) e ingresó sólo 5,2 millones (4,1 millones de facturación en 2015).
CV2007 está en situación de concurso de acreedores, pero no es una empresa privada, sino una entidad de Derecho Público y ello ha llevado a muchas peripecias judiciales. ¿Quién debe quedarse con lo que quede de CV2007? ¿El Tesoro? ¿el Banco? Me falta papel. El resumen es que TCAGC es ahora dueño de parte de la deuda, sin que nadie sepa decirme por cuanto la ha adquirido. Los antecedentes indican que debe ser con un descuento muy sustancioso, que obviamente son perdidas del Banco.
Es difícil entender que el Banco de Santander decida que los cuervos sobrevuelen la financieramente agónica Marina, cuando los valencianos la paseamos con placer.
