españa firmó en 1992 la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias. Nueve años después, en 2001, ya con el gobierno de José María Aznar, se publicó en el BOE. Ya se sabe, por aquel entonces hablaba catalán en la intimidad. Luego ya se pasó al inglés con acento tejano, cosas del cargo. Esa Carta es muy clara en su preámbulo: «Considerando que el derecho a utilizar una lengua regional o minoritaria en la vida privada y pública constituye un derecho imprescriptible [?]». En nuestra ciudad, el reglamento de normalización y uso del valenciano en el Ayuntamiento aprobado por unanimidad de todos los grupos municipales en 1996 especifica en su artículo 2 que: «El valenciano es la lengua propia del municipio de València. [?]. Y los funcionarios tienen la obligación de conocerlo y usarlo». Y es aquí donde me quiero detener, en esta última parte.

Creo importante remarcar que no es el ciudadano quien tiene que adaptarse a la Administración. Es al revés. Es la Administración la que debe, en todo caso, adaptarse a la elección de lengua del ciudadano, que para eso paga sus impuestos. Por eso me sorprende sobremanera cuando la derecha de nuestra ciudad, y del Estado por extensión, se rasga las vestiduras cuando se exige que el personal público esté capacitado lingüísticamente en las dos lenguas oficiales en los territorios bilingües. Cuando la derecha habla de imposición por el mal llamado (a mi entender) «requisito lingüístico» se olvida de la parte fundamental: la ciudadanía. No es el personal funcionario quien debe elegir la lengua de relación con la ciudadanía, es el ciudadano quien en su libertad de elección usa la lengua oficial que le parece. Y la Administración debe adaptarse.

Y no sólo el funcionario que está de cara al público; se trata de que todos los funcionarios que estén implicados en la cadena de acciones puedan garantizar el derecho del ciudadano a usar una lengua u otra. Porque de lo contrario, para garantizar ese derecho, nos obligaría a tener un verdadero ejército de traductores que además requerirían de un sobreesfuerzo presupuestario importante que pagaría la ciudadanía vía impuestos. Igual que se puede y se debe exigir al personal funcionario competencia informática, se puede y se debe exigir la competencia lingüística en las dos lenguas oficiales.

Por eso es un objetivo irrenunciable para el Ayuntamiento formar a su personal en competencia lingüística. Sólo entre 2016 y 2018 más de 1.400 funcionarios realizaron cursos presenciales de valenciano (habían desaparecido con el gobierno anterior) y además, casi 800 participaron o participarán este año en el programa del Voluntariat pel valencià realizado en colaboración con Escola Valenciana. Porque de eso se trata, de garantizar el derecho de cualquier vecino o vecina a usar la lengua oficial que estime oportuna. Porque es tu derecho y hay que respetarlo.