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Matías Vallés

El Supremo avala el negocio de los Borbón-Urdangarin

La inhibición de la Audiencia de Palma y del alto tribunal eleva a heroicidad el atrevimiento del juez José Castro y del fiscal Pedro Horrach al investigar a la Familia Real. Mientras, en la Comunitat Valenciana se siguió el mismo procedimiento que en Mallorca, pero sin delinquir.

Hasta aquí hemos llegado. La Audiencia de Palma dejó convenientemente maltrecho el caso Infanta, el Supremo se ha limitado a avalar el gigantesco negocio sucio de los Borbón Urdangarin. La tramitación fue reprobable, se saltaron los controles y se forzó la maquinaria del Govern, pero todo en pos de una buena causa. Los foros fantasmagóricos organizados por el Instituto Nóos de Iñaki y Cristina mejoraron, según los tribunales, la vida de las comunidades damnificadas. Los seis millones de euros a cuenta de Balears y la Coimunitat Valenciana, al bolsillo.

El fiscal Pedro Horrach insistía ayer mismo en el «juicio paralelo» de los medios. Olvida que de no mediar la vigilancia de la opinión pública sobre los manejos ejecutados a la sombra de la Familia Real, la Fiscalía Anticorrupción se habría quedado sin una sola condena. La intromisión popular denunciada por el hoy abogado juega a su favor. Y en pro de la justicia, dicho sea de paso.

La sociedad entendió con tanta nitidez el caso Infanta, que el hasta entonces intocable Juan Carlos I se vio obligado a abdicar. Con todos los respetos para Horrach, estos efectos no los consigue una prensa enloquecida, sino el estupor que suscita una banda de delincuentes ahincada en palacio.

La citación inmediata para el mandato de ingreso en prisión alivia el triste papel jugado por la Audiencia de Palma, en la distorsión de los foros espectrales de los Borbón Urdangarin. La celeridad del trámite no oculta que los independentistas catalanes ya suman sin juicio más cárcel de la que cumplirá el cuñado del rey, por orden de la misma sala del Supremo que rebaja las penas de una trama delictiva que puso en peligro el concepto del Estado. Por dinero, sin duda un objetivo más noble que el nacionalismo.

Las víctimas de los Borbón Urdangarin no son entidades abstractas como el Estado o el Govern o la Generalitat valenciana. Los seis millones largos de euros fueron desembolsados íntegramente por los ciudadanos mallorquines y valencianos. El desvío de fondos a certámenes que solo tenían sentido «porque venían de la Familia Real», Jaume Matas a Jordi Évole dixit, facilita que los contribuyentes de ambas comunidades tengan que aguardar meses antes de recibir un tratamiento médico. Les sobran los motivos para sentirse agraviados.

Las víctimas de los Borbón Urdangarin no se merecen el relato de lo ocurrido que pasará a la posteridad en dos sentencias. La denominada verdad judicial no guarda relación alguna con los atropellos perpetrados en Mallorca a mediados de la pasada década. No era tan difícil de entender. Bastaba con utilizar de contraste el excelente alegato de la Fiscalía del Supremo, una constatación minuciosa de los delitos cometidos en ambas comunidades. Por supuesto, el recurso de la fiscal ha sido desatendido en su totalidad, aplastado por lo judicialmente correcto.

La disfunción narrativa adquiere visos patológicos al absolver a todos los acusados valencianos. En esta comunidad actuó el mismo foro, de los mismos Borbón Urdangarin, con los mismos beneficios y saltándose los mismos mecanismos de control burocrático que en Mallorca. Sin embargo, en Valencia no se delinquió. En las islas, el duque desaprensivo se aprovechó de sus conexiones con la Familia Real, en el continente no recurrió a esta baza. Curiosa asimetría. Los juristas suelen desdeñar las comparaciones entre asuntos gemelos, pero la situación se agrava cuando el trato disímil coincide en un mismo banquillo. Ni a la Audiencia ni al Supremo les preocupa que el culpable en un escándalo sea inocente en idéntico caso, registrado a solo trescientos kilómetros de distancia. La Fiscalía no incurrió en dicho error, por eso había que silenciarla.

? El éxito de Horrach y del juez José Castro consistió en obtener la confesión de los subordinados de Matas en Mallorca. De haber primado la omertà, todos los acusados serían inocentes con los mismos beneficios millonarios. La inhibición de los tribunales juzgadores, su propensión al matiz, eleva a heroicidad el atrevimiento del entonces fiscal Anticorrupción y del instructor. Ambos pueden dar gracias al cielo de no haber acabado como Baltasar Garzón, por meter la justicia donde no debían.

El sentimentalismo no es una cualidad humana ajena a los tribunales. Produce escalofríos pensar que, sin la intervención salvífica del Supremo, la infanta habría tenido que abonar 128.138 euros de más que le reclamaba la primera sentencia. Cabe recordar que montó una sociedad al cincuenta por cien con su marido, en cuya constitución firmaba la hermana del rey en primer lugar, donde se ingresaban los beneficios de la trama y que nunca fue investigada por la Agencia Tributaria. Hasta que estalló el escándalo, la vida está pletórica de casualidades.

Al subsanar un error mayúsculo y devolver dicha cantidad a la infanta, el Supremo justifica el año largo que ha tardado en elaborar la sentencia. Cabe hablar de interpretación humanitaria del Derecho, que convierte a la exduquesa de Palma en otra víctima del escándalo. Con la única salvedad de que a ella le han resarcido el daño económico, a diferencia de los habitantes de Mallorca y Valencia.

Si encuentra un solo habitante de Mallorca o la Comunitat Valenciana que encuentre valiosos los foros de pacotilla de los Borbón Urdangarin, o que se acuerde de ellos, podrá creerse la versión de magistrados de indudable proficiencia jurídica. El problema de las sentencias es que estábamos ahí cuando ocurrió.

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