Vengo a aclarar la verdad de los hechos y a defender mi inocencia, honor y actividad profesional». Fueron las palabras de Iñaki Urdangarin allá por el 2012, antes de declarar por primera vez ante el juez Castro en Palma. Seis años después, no parece que las cosas le hayan salido demasiado bien. Cuando estén leyendo estas líneas, puede que el cuñado del rey ya esté en la cárcel. En cualquier caso, las juezas le dieron ayer un plazo máximo de cinco días -hasta el próximo lunes- para entrar en prisión. Y es que el Tribunal Supremo le ha condenado a 5 años y 10 meses, por increíble que les parezca a algunos.
Después de esta decisión y la sentencia de la Gürtel, aún hay caraduras que son capaces de criticar el Estado de Derecho sin sonrojarse. Los mismos de siempre, claro. Los de la justicia en manos del Gobierno y demás chorradas. Los reyes del populismo. Los que no pierden ocasión alguna de hacer su dosis de demagogia. Resulta que ahora el énfasis hay que ponerlo en que «le han rebajado cinco meses la pena». Puede que hasta lean que «le quitan» un delito de falsedad documental. Si los demagogos profesionales se molestaran en leer la sentencia -total, ¿para qué vamos a opinar sabiendo de qué hablamos?- sabrían que, en realidad, el Supremo considera que la resolución del Govern balear para otorgarle un contrato es motivo de condena, pero no por el delito de falsedad documental -ya que no se finge la adopción de la resolución, sino que existe- sino por prevaricación; aunque sea real, es injusta. Y por prevaricación ya se le sanciona.
Al cuñadísimo le quedan dos opciones para librarse de la cárcel: que el Tribunal Constitucional decida suspender cautelarmente su entrada en prisión mientras decide sobre un eventual recurso de amparo -no es habitual en penas tan elevadas- o un indulto del Gobierno -cof, cof, disculpen que tosa, pero es que me da la risa-. Ni siquiera eso será suficiente para hacer rectificar a aquellos empeñados en desacreditar al sistema. Los mismos que decían que «mientras Urdangarin sigue libre, hay presos políticos catalanes o Valtonyc ha sido condenado por cantar», ahora buscan subterfugios como que, si la Fiscalía no pide que inmediatamente en prisión, será culpa de Pedro Sánchez por no haber cesado aún al fiscal general del Estado y ya tendremos motivos para criticar al PSOE y al régimen. O mejor aún: que hay que ver la prisa que se dan en condenar a Valtonyc y lo que han tardado con el caso Nóos. Hasta un niño de 5 años entiende que es más difícil y que lleva más tiempo resolver un puzle de veinte piezas que uno de diez.
El Tribunal Supremo ha condenado a Urdangarin, a pesar de ser quien es, por aprovecharse precisamente de eso para conseguir contratos con la Administración. Los magistrados han sido durísimos con los argumentos esgrimidos por Iñaki para pedir su absolución: por ejemplo, le dicen textualmente que «para ser cooperador de un delito de prevaricación no es necesario saber de derecho administrativo; basta ser consciente de que se está participando en una decisión arbitraria. Lo que es una resolución arbitraria lo entiende cualquier hombre medio que, por eso, también puede rebelarse e indignarse cuando padece alguna arbitrariedad, aunque desconozca qué precepto se está violando». Es decir, Urdangarin, hacerse el tonto no vale. Ni para él ni para la infanta.
Si Cristina de Borbón fue absuelta -aunque se beneficiara económicamente- como cooperadora de dos delitos fiscales, no fue porque sea muy rubia y convenciera a ninguno de los tribunales de que «esas cosas las llevaba mi marido». Ni por ser la hija o la hermana de un rey. Fue, básicamente, por el informe elaborado por funcionarios de la Agencia Tributaria que no apreciaron delito fiscal. Por eso Pedro Horrach no la acusó. Pero es inútil intentar explicar la diferencia entre el delito fiscal, tipificado en el Código Penal, y una infracción administrativa que supone multa a quien no está dispuesto a razonar más allá de cuatro consignas que le son útiles políticamente.
Siempre he defendido que una sentencia no debe ser ejemplar, sino justa. Pero hoy tengo que confesarles que me alegro muchísimo de que esta condena sirva para poner de manifiesto que la justicia trata igual a todo el mundo. Es evidente que, en nuestro Estado de Derecho, hay cosas mejorables. Que con dinero siempre habrá mejores abogados. Y que aún hay defraudadores mucho mayores que salen de rositas, como Pujol. Pero creo que hoy es el día para reconocer el esfuerzo y la labor de tantos y tantos empleados públicos que han hecho esta condena posible -y todas las demás-, aun desde la discrepancia: fiscales, jueces, inspectores de hacienda, abogados del Estado o de la comunidad autónoma y un largo etcétera. Funcionarios preparados que soportan estoicamente la precariedad de medios materiales y humanos, el desdén de los indocumentados e incluso los insultos de mamarrachos como el anterior ministro de Justicia. Gracias. Por defenderse -y defendernos- ante las turbas, los veredictos sociales y los #yosítecreo.
