El mantenimiento del sistema de pensiones es uno de los retos más importantes a los que se enfrenta la sociedad española y que se debe de abordar con un planteamiento serio y sostenible, no simples caprichos u ocurrencias electoralistas, que a la larga no se podrán cumplir. Intentaré explicar por qué su situación actual es extremadamente complicada, con un déficit en 2017 superior a 17.000 millones de euros, que va a seguir aumentando y que pone en grave riesgo la sostenibilidad futura del modelo y también las soluciones que propongo para corregirlo. No es explicable que los órganos de control existentes -Comisión del Pacto de Toledo, la propia Seguridad Social, el Banco de España y los gobiernos de España- no actuasen con mayor celeridad a la hora de tomar medidas, cuando diez años antes tenían datos más que suficientes sobre aspectos como el incremento de la esperanza de vida, el aumento del número de pensionistas y el importe de la pensión media, que alertaban de un crecimiento muy importante del coste total de las pensiones y unas proyecciones para el futuro que ampliaban la dimensión del problema. En un sistema de pensiones de reparto como es el español los factores que determinan los ingresos para tener derecho a una pensión son la edad de jubilación, el número de años cotizados y las cotizaciones realizadas, mientras que por la parte del gasto, están el importe de la pensión y los años que pueda cobrarse hasta el fallecimiento, que constituyen los costes a los que tiene que hacer frente el sistema. Ambos conceptos, ingresos y gastos, deben estar sometidos por principio a una correlación, que haga equivalentes las aportaciones realizadas y las prestaciones recibidas a través de la pensión. La edad de jubilación es un factor clave puesto que define, junto con la esperanza de vida en ese momento, el número de años que el pensionista va a cobrar su pensión. Desde el año 1967, la edad de jubilación se ha mantenido fija en los 65 años, mientras que la esperanza de vida (a partir de los 65) ha pasado de 14,7 años en 1970 a 21 en el año 2014, seis años más, que representa un aumento del 42,8% y refleja con claridad el envejecimiento de la población española. La incidencia que esto tiene en el sistema de pensiones es muy importante, como lo demuestra el hecho de que el número de pensiones contributivas en los últimos 25 años haya pasado de 6.495.123 en 1992 a 9.473.482 en 2016 con un incremento del 45,8%. En ese mismo periodo la población española pasó de 38,8 millones a 46,5 millones, por tanto con un incremento del 19,8%, inferior a la mitad. Para tratar de poner freno a esta situación y acercarse a la realidad de lo que está pasando, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acometió en 2011 una tímida reforma de las pensiones que, entre otras medidas, aumenta la edad de jubilación a partir de 2013 en un mes por año hasta el año 2018 y en dos meses a partir de 2019, para alcanzar en el año 2027 los 67 años. La medida, aunque en la buena dirección, es manifiestamente insuficiente, puesto que no consigue que se frene el incremento del gasto en pensiones, que sigue siendo de un 3% anual, como así lo corroboran las cifras del año 2017. El problema es que ese 3% supone más de 3.500 millones y que es acumulativo y no recuperable en el futuro, por lo que de no adoptarse otras medidas más drásticas, este gasto va a seguir creciendo. En estos momentos, a tenor del aumento de le esperanza de vida, si las cosas se hubiesen hecho en tiempo, la edad de jubilación en España debería ser dos años más tardía: es decir, en lugar de 65 años y seis meses, esa edad debería ser de 67 años y seis meses y seguir aumentando al ritmo previsto para alcanzar en el 2027 los 69 años. Hay que tener en cuenta que las previsiones para la esperanza de vida en España en 2030, indican que será dos años y medio mayor que la actual. El objetivo de esta medida es bajar el gasto como mínimo en 7.000 millones anuales, cosa que no se puede hacer de ninguna otra manera, ni tan siquiera bajando las pensiones en esa cantidad, porque no se frenaría el incremento actual, que se seguiría produciendo por la entrada de nuevos pensionistas. No debemos olvidar que para el sistema de pensiones, cada persona que se jubila tiene un doble efecto y es que se pierde un cotizante y se aumenta un pensionista. Los otros dos factores que configuran los ingresos del sistema son el número de años cotizados y las cotizaciones realizadas. Hasta el año 2011, para tener derecho a la pensión máxima al cumplir la edad legal de jubilación había que tener cotizados un mínimo de 35 años y, de ellos, los últimos 15, que se tomaban para el cálculo de la base reguladora de la pensión, con la cotización máxima. El progreso de la economía y de la sociedad española propició un aumento importante en la cualificación y en la carrera profesional de los trabajadores, que normalmente habrá ido evolucionando de menos a más proporcionándoles ingresos cada vez mayores. Consecuentemente sus cotizaciones a la Seguridad Social han ido subiendo en función del incremento de sus salarios, correspondiendo por ello las mayores cotizaciones a los años finales, que son los que se toman como referencia para el cálculo de la pensión. Esto crea desequilibrios muy importantes en el sistema y lo hace manifiestamente injusto, pues no hay una correspondencia exacta e igualitaria entre el esfuerzo realizado por el trabajador en toda su vida laboral y la pensión recibida. Como ejemplo de lo dicho, entre los años 2001 y 2016 el valor de la pensión media contributiva mensual pasó de 494,51 euros a 911,25 euros, lo que representa un aumento del 84,4 %, mientras que la inflación en ese mismo periodo fue del 36 % y la pensión máxima, que es la que marca las menores subidas, aumentó un 29 %, con una pérdida de poder adquisitivo del 7 %. La pensión mínima por su parte se revalorizó un 70 %, pasando de 6.474 euros al año en el 2002 a 11.016 en 2017. La reforma de 2011 modificó tanto los años de cotización que pasan de 35 a 37 años cotizados en el 2027 como el periodo para el cálculo de la pensión, que se eleva a partir de 2013 en 12 meses por año, pasando de los 15 años de ese momento hasta los 25 en el año 2022. La medida que pretende corregir esos desequilibrios se sigue quedando corta y debería, para ser eficaz y sobre todo equitativa y suficiente, extenderse a toda la vida laboral. Otro tanto ocurre con los años de cotización para tener derecho al 100% de la pensión, que deberían pasar de los 35 a 39 en el 2027 siguiendo el aumento de la edad de jubilación. Como resumen de lo expuesto las medidas a tomar más racionales serían: 1-Aumentar dos años la edad de jubilación de manera inmediata y seguir, si es necesario, con los aumentos actuales de dos meses por año para llegar en 2027 a los 69 años. 2-Extender el periodo para el cálculo de la pensión a toda la vida laboral del trabajador. 3-Elevar los años cotizados para tener derecho al 100 % de la pensión a los 39 años en 2027. 4-Las futuras revalorizaciones de las pensiones deberán mantenerse dentro de la cobertura que marquen las subidas de las cotizaciones. 5-El principio de solidaridad, entendido como un medio de redistribución en favor de los menos favorecidos con independencia de las cotizaciones realizadas, no cabe en un sistema contributivo como es el español y debería hacerse efectivo por vía asistencial. Con estas medidas, el sistema de pensiones quedaría perfectamente gestionado de una manera totalmente transparente y preparado para garantizar en el futuro, para que las condiciones de las pensiones sean iguales para todos los jubilados, independientemente del momento de la jubilación, lo que haría que la solidaridad intergeneracional esté asegurada. Además, tomar una decisión de este tipo en el Pacto de Toledo en un tema como las pensiones, que afectará más pronto o más tarde a todos los españoles, dejando a un lado motivos partidistas y haciendo que el interés general sea el único objetivo, debería ser el punto de partida para racionalizar y hacer más eficaz el resto del sector público, empezando por nuestra estructura política, para hacer sostenible nuestro estado de bienestar.
