La historia juzga, seguro

La historia juzga, a veces tarde y mal. La corrupción sonroja y hastía. Mientras el Partido Popular celebraba las exequias por el poder perdido en el Gobierno de España y su expresidente Mariano Rajoy abandonaba sus cargos -a la fuerza- un nuevo escándalo saltaba para terminar de embarrar al Partido Popular en la rama valenciana. Su exsecretario general, Ricardo Costa -desconocido para Isabel Bonig- era condenado a cuatro años de cárcel, tras colaborar con la justicia.

Oprobio. Esta tierra es de misión. Salvo los expresidents Josep Lluís Albiñana y Joan Lerma, sus sucesores del PP están todos encarcelados o encausados: Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps. Se salva Alberto Fabra, pendiente del caso Valmor Sports y de la tenebrosa compra por parte de la Generalitat de la empresa creada por Bancaja, el motorista Jorge Martínez Aspar y Fernando Roig, con un coste para el contribuyente de casi 50 millones de euros. Cuando el gobierno de Pedro Sánchez comienza a andar en España, ha saltado una nueva sentencia que condena al Partido Popular de la CV. Concluye la Audiencia que esta formación política, hegemónica en el País Valenciano entre 1995 y 2015, se financió ilegalmente. Ganó las elecciones mediante trampas y cohechos, para conseguir el poder de forma ilegal e ilegítima.

Contaminación. La corrupción contamina. Se ha revelado en las páginas de Levante-EMV, bajo la firma de Jordi Cuenca que según el informe de auditoría de 2017, en el vaivén de las Cámaras de Comercio ha proseguido el trasiego de centenares de miles de euros entre Cámara de València y el Consejo de Cámaras de la CV, que aglutina a aquélla junto con las de Alcoi, Alicante, Castelló y Orihuela. Consejo y Cámara de València son entidades distintas con el mismo presidente. Hasta 2018 he pertenecido durante 11 años al Pleno de la Cámara de Comercio de València y la noticia de que el Consejo incrementó en 2017 su deuda con la Cámara de València sorprende e inquieta. Dicha decisión debería haber sido conocida y aprobada por el Pleno de la Cámara, del que fui partícipe. La información aparecida en este diario es la primera noticia al respecto que me llega como partícipe del órgano de gobierno de la corporación.

Oficiales. Indigna que durante años nos hayan tenido entretenidos con pamplinas, cuando se nos ocultaban cuestiones graves de nuestra incumbencia. Nada justifica que a finales de 2017 el Consejo de Cámaras le deba a la Cámara de València 386.500 euros más, que amplía la deuda total a 2.342.000 euros. Y es más insólito porque el control de las Cámaras Oficiales de Comercio, que existen por ley, depende de la Generalitat Valenciana que preside Ximo Puig. Debería controlarlas la Conselleria d´Economia, cuyo responsable es Rafael Climent y el director general de Comercio, Natxo Costa. ¿Es así como se normaliza y regenera el funcionamiento de las entidades económico-empresariales?

Herencia. La herencia recibida de la presidencia de Arturo Virosque tenía interrogantes. La Cámara de València adquirió dos inmuebles a la Seguridad Social, en la calle Jesús, cuando era ministro de Trabajo el ahora encarcelado Eduardo Zaplana. Para convertirlos en sede de la Cámara en un emplazamiento inapropiado. Más de 250.000 euros podrían costar a la CEV autonómica, presidida por Salvador Navarro, las indemnizaciones heredadas de la quebrada patronal Cierval, por despidos improcedentes. Si el juez entiende que hay continuidad entre las dos patronales autonómicas -Cierval y la recreada CEV- la responsabilidad incluiría otras deudas pendientes de las quebradas Coepa (Alicante) y CEC (Castellón). Las dos provinciales que presidieron Modesto Crespo (acusado por apropiación en la CAM), Joaquín Rocamora (investigado) y José Roca (procesado) están investigadas por irregularidades y fraude. En este barullo, la nueva CEV resultaría responsable subsidiaria de las patronales liquidadas, socias y fundadoras de Cierval. Un panorama que los empresarios valencianos tendrían que aclarar, evitar y resolver para aclarar su futuro organizativo.