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La cainita desconfianza de Ximo Puig

El pasado lunes, nuestro president, en el madrileño Club Siglo XXI -un club ya demodé ubicado en un hotel de cinco estrellas, y con tres ministros de oyentes-comensales- mandó un mensaje poco elegante para quien está recién llegado en la Presidencia del Gobierno: «Para abordar el problema territorial es necesario resolver primero el problema de la financiación». Todo un ejemplo de lo que pueden generar las almas fenicias de prospectiva alicorta, en términos de incorrección para con un presidente de su mismo partido. Ximo Puig, fiel a su pensamiento, siguió con su cantinela, tan inútil ahora como en el período de Mariano Rajoy, de que existe un «gravísimo problema de desigualdad y falta de equidad» entre comunidades. «Existen españoles de primera, de segunda y de tercera». Por si fuera poco, quien gobierna en la segunda comunidad más poblada bajo gobierno socialista añadió un nuevo problema al catalán: «En la crisis territorial existe un problema valenciano». En otras palabras, presidente Perdo Sánchez y resto de socialistas españoles, no esperen ninguna cortesía por mi parte, aunque lleva usted una semana en el cargo, sepa que al lado del problema catalán tiene el problema valenciano y a estos efectos acabamos de montar la televisión, que algo de envidia tiene de TV3 y su papel en el procés.

Modestamente pienso que ha llegado el momento de poner al Consell frente a su propia realidad, esto es, de pedirle que se aclare sobre si piensa que debe trabajar en favor de una Generalitat Valenciana con una dinámica de centrifugación balcánica o si va a intentar poner el hombro para intentar una cierta continuidad de lo que conocemos como Reino de España. Ambas posiciones, y todas las intermedias son legítimas, siempre que se expliquen a los electores valencianos.

En estos momentos, Puig tiene la sartén por el mango y el mango también. El Partido Popular en la Comunitat Valenciana, más allá de lo que pueda aparecer adicionalmente en otras administraciones territoriales, está justa y afortunadamente destrozado para salud de nuestra democracia; para estupor de los valencianos (espero que también de aquellos que los votaron) los jueces están confirmando las peores hipótesis sobre las conductas canallesca de muchos de los representantes populares que sucesivamente han ocupado cargos de responsabilidad en la Generalitat. El PP carece de toda autoridad moral para meterse en el debate sobre el futuro territorial valenciano. Por su parte, Ciudadanos no tiene, ni siquiera se lo ha planteado, postura alguna sobre el problema territorial. A pesar de haberlo intentado no he conseguido saber nada en materia autonómica ni aquí ni en los aledaños de Albert Rivera. No he oído ni una sola intención, ni siquiera la defensa de una cierta recentralización, algo tan asumible como cualquier opción. Resultado: encefalograma plano a la espera de la próxima encuesta. ¡Contra Puigdemont vivíamos mejor!

En consecuencia, toda la responsabilidad a la hora de plasmar la opinión valenciana acerca de la futura organización territorial de España está legítimamente en manos de Puig y de Mónica Oltra. Sin embargo, por ahora lo único que aparece es un lloro constante y un victimismo más o menos amenazante sobre la financiación. Desde esta posición de fuerza, el president ha decidido que para empezar a debatir deben llegar unos millones de euros a Valencia, que por cierto ni él mismo, ni sus asesores saben de dónde pueden salir, una circunstancia que devino en imposibilidad el jueves cuando el Banco Central Europeo anunció que iba a proceder a la retirada de los estímulos mantenidos durante estos últimos años.

Lo más triste dese la óptica de la izquierda, es que el discurso del president va en contra de lo trabajado en los último meses por el PSOE. No puede ignorarse que la ahora ministra de Política Territorial y Función Pública, Maritxell Batet, el pasado septiembre, en su antigua condición de diputada, impulsó, contra viento y marea, la creación de la Comisión parlamentaria para la evaluación y la modernización del Estado autonómico. Al frente de ella se puso a un socialista de largo recorrido, José Enrique Serrano, director de gabinete de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González e integrante de los equipos de Alfredo Pérez Rubalcaba y de Pedro Sánchez. Me consta que llevar a esta comisión a un razonable buen puerto es uno de los último objetivos de su vida política. Esta es una comisión que después de un inicio prometedor a finales de 2017, en abril dejó de reunirse (el vacío de Podemos y de vascos y catalanes era insoportable para quien la siguió por internet). Ello no ha impedido que desde el momento de su nombramiento la ministra Batet la defendiera como el foro en el cual discutir el problema territorial. Obviamente, si Puig pone por delante el tema de la financiación, las posibilidades de un debate serio desaparecen, ya que la ética del mercader no suele coincidir con la del filósofo.

Cuando muchos españoles racionalmente coincidimos en que había que dar unos días al nuevo gobierno (lo de los cien días de cortesía es pura literatura cortesana) el nuevo equipo de Hacienda, reconociendo que la financiación autonómica es una prioridad que entra en contradicción con lo que ellos mismos pedían en sus despachos sevillanos, reconocía que «no se puede abordar con prisas si queremos que tenga éxito» y a tal efecto proponía un debate «sosegado y en profundidad» que permita adoptar decisiones políticas «con respaldo técnico» y desde el acuerdo con todas y cada una de las comunidades autónomas. La descalificación de Puig a tal metrología en el Siglo XXI no se hizo esperar. Un Caín y Abel propio de la historia del PSOE.

No tengo muchas esperanzas que el Consell deje de hacer de la falta de financiación su línea de gobierno. Si sigue por este camino, algunos nos preguntaremos desde una posición razonablemente progresista por la razón de ser de algunas autonomías. Lo que han pensado de ellas algunos epígonos de la derecha, lo están describiendo detalladamente los jueces.

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