Un buen amigo, el ingeniero Miguel Muñoz Veiga, fue uno de los principales impulsores de la creación de empresas públicas y mixtas en la Diputación de València. Se encontró con una tupida malla de inconvenientes administrativos y de ahí que promoviese la creación de la empresa general valenciana del agua, Egevasa. Para ello cursó un máster MBA durante dos años y elaboró su propia planificación empresarial y de gestión durante un año más.
Algunos meses antes me pasó los papeles para que le diera mi opinión. El proyecto era magnífico y así se lo expuse, pero le subrayé una cuestión para mi impepinable: «Está muy bien, vas a revolucionar la gestión pública del agua pero este modelo solo sirve si al frente hay un grupo de personas honestas, porque de lo contrario vas a crear un posible Frankestein al servicio de intereses inconfesables».
Así nació Egevasa de la mano de Miguel Muñoz, a quien ayudé en lo que pude. Fue todo muy bien mientras él desempeñó la gerencia. Cuando se marchó empezaron a torcerse las cosas hasta el resultado final de todos conocido: un nido de corrupción y clientelismo político descontrolado.
Un caso parecido, multiplicado en sus efectos perversos, fue el de Imelsa, reconvertida por los socialistas como Divalterra. La empresa ha terminado por sepultar políticamente la carrera del último y joven presidente de la institución provincial, Jorge Rodríguez, tras su detención, sustentada al parecer en la flagrante discrecionalidad con la que se ofrecieron cargos directivos y altos salarios en la mencionada Divalterra.
La operación bautizada como «alquería» por los investigadores policiales venidos desde Madrid, algo así como los agentes peliculeros del FBI, pilló por sorpresa a la nueva televisión autonómica. Los tertulianos de À Punt no podían eludir la cuestión, a lo sumo procuraron matizarla. De nuevo desde València se emitía al país un relato de trazo grueso: ya están los valencianos con su corrupción a cuestas. En vano los periodistas más comprometidos se esforzaban por clarificar que esta supuesta corrupción en nada se parece «al saqueo sistemático» anterior, por emplear el término exacto de uno de los invitados catódicos.
Obviamente no es lo mismo. Pero esa no es la cuestión central de la política que aquí se analiza. Para calibrar la naturaleza de cada delito, su magnitud y dolo, la voluntariedad y consecuencias, los eximentes o agravantes existe el derecho penal que gestionan nuestros juristas y legislan nuestros diputados. No viene al caso, pues, entrar en estas materias, propias de las crónicas judiciales y de sucesos. Lo que aquí venimos a dirimir es política.
Y en tales términos lo ocurrido con el que parecía un prometedor político, el todavía vigente alcalde de Ontinyent, es lo suficientemente grave, pues muestra una vez más el uso y abuso de las administraciones públicas, y por ende de los caudales públicos, en provecho propio. Da lo mismo que unos se llevaran la recaudación a casa para darse una vida de millonarios impostados o que los otros lo repartan entre fieles y cómplices de la añagaza para crear la red clientelar que, en suma, les perpetúa en el cargo y su poder. Ambos comportamientos cruzan los límites de lo permisible y lo moral.
Hablemos por lo tanto de los límites, dado que es en ellos donde radica cualquier juicio social de lo humano. Para empezar, no seamos tan hipócritas y no juzguemos como si fuéramos santos. Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, apostillaría un seguidor cristiano. Voltaire lo expresó de otro modo: solo el hombre que cultiva su propio jardín vive en paz consigo mismo. Y aún Jorge Luis Borges iría más lejos al pedir que no exageremos el valor de la verdad, pues «no hay hombre que al cabo de un día no haya mentido con razón muchas veces».
Claro que hay, pues, pecados comprensibles, veniales les llamaban antaño. Los pecados del ego y la soberbia, de la petulancia, la gula y la tacañería, de los gandules e insolidarios. Esas feas conductas calibran la humanidad de los individuos de la especie y nos sirven para respetarles o reprobarles. No tienen consecuencias penales pero sí políticas porque revelan la ausencia de valor de quienes debieran conducir nuestro rebaño. Resulta palmario que no podemos enviar a la cárcel a quien hurta dos frascos de crema hidratante francesa, o incluso un buen libro, o a quien falsea piadosamente engordando su currículum con ensayos que no ha escrito o con cursos que no ha dado ni trabajos presentados gracias a sus buenos amigos académicos, o a quien consigue becas presenciales sin acudir a clase alguna, o cuela un expediente reconocido en la cola infinita de los papeles de la burocracia. Esa versión de lo humano es asumible pero no faculta para la ética política si queda al descubierto. Lo narró maravillosamente John Ford en aquella película en la que Spencer Tracy se despedía de la alcaldía de Boston tras favorecer a las viudas y los huérfanos de los policías que le votaban.
Pero lo que en el caso alquería ya está en juego no es política sino delito, presumible, siempre ha de ser así hasta que se demuestre lo contrario, sea para sí o para el entorno amigo. El tema es muy viejo, arcaico. En la antigua Roma los cónsules siempre volvían ricos a la capital tras su periplo gobernando alguna provincia del imperio, y siempre solían ser acusados por ello y a la mayoría los absolvían porque controlaban a los propios tribunos que impartían la justicia. Solo Julio César se temió lo peor y a causa de ello no puso la mejilla sino que cruzó el Rubicón y acabó con la República.
La lección de esta alquería no puede ser más que una: no importa el modelo, público o privado, administrativo o empresarial. Lo decisivo son las personas, y dado que el común de los mortales suele ser pecador más vale que no tentemos al destino. Disolver Divalterra será, sin duda, lo recomendable; limitar el poder de lo político, lo más higiénico.
