07 de julio de 2018
07.07.2018

Sobre la cuestión política de «no pintar una mierda»

07.07.2018 | 04:15

«No tenemos Corredor porque políticamente no hemos pintado una mierda». Así se expresaba Federico Félix, presidente de ProAVE y vicepresidente de Ferrmed, evidenciando el hartazgo en la sociedad valenciana por la falta de una infraestructura esencial para la Comunitat Valenciana. Salvando las distancias, la expresión de Félix evoca a la clásica obra de Ernest Lluch, ´La vía valenciana´, en la que describía el sucursalismo de la clase dominante valenciana ante el gran pacto económico entre los cerealistas castellanos, los siderúrgicos vascos y los industriales catalanes, que dio origen a diversas medidas que perjudicaban seriamente las exportaciones valencianas, pero ante las que los prohombres valencianos no pusieron pega alguna.

Sirva esta afirmación para destacar una realidad evidente: los intereses valencianos nunca han sido prioritarios para el poder político que ha estructurado y dirigido este país, sino que se han encontrado en una posición constante de subsidiariedad. Ello no significa que las élites valencianas no hayan disfrutado de los frutos de las etapas de crecimiento. Durante el boom crediticio, la tasa de crecimiento del PIB valenciano fue superior a la media española mientras el PIB per cápita transitó hasta situarse por debajo.

En este sentido, algunos venimos afirmando que el modelo económico y su traslación político-territorial que destapó la crisis dejó clara la insostenibilidad del sistema diseñado por las élites. La cronificación de la pobreza y de las desigualdades sociales –de clase, de género, territoriales...– trazaba el cuestionamiento del sistema político. Y todo ello no es sino la cara del mismo problema: unas élites económicas, un Estado y un Gobierno, el central, hasta ahora incapaz de dar solución a estas cuestiones.

Además, existe una certeza acerca de que las actividades más productivas se sitúan en torno al eje político económico Madrid-Bilbao-Barcelona. Y, ante esta realidad que se retroalimenta y hace perder posiciones económicas en términos relativos a la Comunitat, la sociedad valenciana (y también los empresarios valencianos) ha reaccionado. Ante este eje que ha tejido alianzas para negociar privilegiadamente con el Estado a costa de otros territorios, es necesario plantear un nuevo pacto territorial y social. Esta propuesta debe basarse en la cohesión económica y en la diversidad territorial. Esto es lo que entiende Compromís por «valencianizar España».

Para Compromís, los Presupuestos y la política económica no deben ser un campo de negociación partidista, sino que deberían regirse por unos criterios justos, equitativos y transparentes, con la vista puesta en el desarrollo económico del país y sin regalar millones a cambio de votos. La próxima parada será la negociación de los PGE para 2019; unos presupuestos que estamos abiertos a negociar y que deben poner fin a la discriminación que sufrimos los valencianos y valencianas.

Y para hacerlo posible es imprescindible que para los partidos valencianos que dependen de Madrid, ignorar las urgencias del pueblo valenciano tenga un coste. Es imprescindible abandonar el sucursalismo político y mantener la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y en esta tarea, el protagonista es el pueblo valenciano, que, tras años dormido, ha despertado.

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