*Juan Antonio Caballero es presidente de CAVE-COVA
Las reclamaciones de la Confederació d´Associacions de Veïns i Consumidors de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA) para la mejora de la sanidad, de la educación, del Corredor del Mediterráneo, contra la pobreza energética, a favor de la reversión y gratuidad de la AP7, contra los problemas medio ambientales creados por el Puerto de Alicante, a favor de la igualdad, a favor de políticas de cohesión social, contra la Lomce, a favor de la sanidad pública€ han chocado siempre con dos hechos objetivos: la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana y el corsé de las políticas restrictivas del anterior gobierno que han contribuido a una pérdida de la cohesión social tanto en nuestra tierra como en el resto de España, sumándose un desprestigio de la política, en especial por los casos de corrupción.
El listado de demandas al nuevo Gobierno es enorme porque hay mucha gente que lo está pasando mal: jóvenes que sólo tienen contratos basura (trabajan y son pobres), acabar con las pensiones con pérdida de poder adquisitivo, conseguir empleo para mayores de cincuenta años expulsados del mercado laboral, cambiar la propia reforma laboral, buscar acuerdos para las leyes educativas, frenar la presión privada en la sanidad, completar infraestructuras pendientes (Corredor Mediterráneo, reversión y gratuidad de la AP7...). Y, sobre todo, establecer una financiación justa para los territorios, especialmente para la Comunitat Valenciana (sin olvidar una revisión de las competencias municipales y su propia financiación). Sin duda, lo más urgente es la agenda social, la acción rápida sobre los problemas de la ciudadanía.
En general, desde CAVE-COVA hemos defendido lo público, entendido como la oposición a la reducción del salario indirecto que percibimos los ciudadanos, defensa de la distribución democrática de los bienes públicos y control ciudadano sobre los principales sectores y servicios de nuestra economía, desarrollando las propuestas de actividad fundamentalmente en el campo de la sanidad, la educación, los servicios públicos básicos (agua, gas, electricidad...) y en la fiscalidad, apostando por un modelo progresista en el que tenga como objetivo el ser un elemento de redistribución solidario de la renta.
Hemos defendido también un desarrollo sostenible. La renovación urbana implica, necesariamente, a la movilidad (uso prioritario del transporte público), al ahorro energético y a la necesidad de diseñar una infraestructura verde urbana. Todo ello no se puede llevar a cabo sin la participación activa de la ciudadanía, lo cual nos lleva a una mayor cohesión social en nuestro entorno urbano.
Estamos por el derecho a hacer política por parte de los ciudadanos, exigiendo el reconocimiento de la participación como un elemento indispensable en el propio desarrollo democrático. Hemos defendido el derecho al trabajo y al pleno empleo, reivindicando esta prioridad en cualquier acción de gobierno y exigiendo un sistema universal de subsidio de paro sin las limitaciones que pongan en peligro el nivel de calidad de vida de los ciudadanos. Siendo beligerantes contra la exclusión social, por la igualdad y contra toda discriminación por razón de género.
El cambio de Gobierno (con más valencianos que nunca) abre otras expectativas: un previsible cambio de orientación en el enfoque de muchos temas. Sin embargo la profundización de esos cambios está en entredicho por la debilidad parlamentaria del mismo y el mantenimiento de los presupuestos para 2018. Esto sugiere, a su vez, la necesidad de entendimiento entre aquellas fuerzas parlamentarias que coinciden en una agenda social de cambio. Y no sólo eso; además, desde el Gobierno se deberían tejer complicidades sociales con entidades que han batallado contra las políticas del Ejecutivo anterior (sindicatos, organizaciones sociales€) en especial de cara a los presupuestos de 2019. Estamos ante una oportunidad de cambiar la relación entre ciudadanía y política maltrecha por estos años de corrupción institucional.
Estamos dispuestos a formar parte de esas complicidades con la Generalitat Valenciana en aquellos aspectos concretos en los que existan coincidencias, perseverando en nuestras resoluciones desde nuestra independencia de criterio. Deseamos ver una comunidad sin complejos y sin el ejercicio del victimismo, convencida de sus razones. Somos conscientes de las limitaciones pero no justificaremos la inacción por ello. Se ha abierto una puerta a la esperanza y no nos gustaría que se cerrara con un ambiente de frustración. Es un momento de madurez y determinación, no hay tiempo para otra cosa.
