El 3 de octubre de 2017 quedará en los anales como el día en el que la tensión a propósito de la cuestión catalana alcanzó su punto álgido. Más que con la declaración de independencia sotto voce que proclamaría el entonces president de la Generalitat, Carles Puigdemont, unas semanas después. Y más que dos días antes, en la jornada del referéndum independentista.
Ese día, Felipe VI apareció en televisión para pronunciar un discurso durísimo, sin ningún tipo de paliativos ni gestos conciliadores, con el independentismo. El Rey no sólo no tendió puentes, sino que anunció, con dureza, lo que estaba por venir: una querella de la Fiscalía que solicitaría el procesamiento de los principales protagonistas de la deriva independentista.
Este discurso fue muy bien acogido por mucha gente en España: por fin alguien se manifestaba con firmeza contra el independentismo, que se había manejado en los últimos años, y sobre todo en las últimas semanas, con desprecio del ordenamiento jurídico y con una sistemática confusión entre la voluntad de una parte de los catalanes con la de Cataluña en su conjunto. Pero también generó muchas reticencias, y no sólo entre el independentismo, por su agresividad, impropia de un jefe de Estado cuya función, se supone, es moderadora, y que busca encarnar y simbolizar la unidad del país. Y el Rey, sin duda, defendió la unidad... Pero la vinculó, con sus palabras, con determinada visión de España.
Ese día, el Rey unió su destino al de la derecha española. Ya veremos qué consecuencias tiene esto -si las tiene- para su reinado. Para el devenir de los acontecimientos en Cataluña, este discurso fue capital para propiciar un enfoque particularmente severo e implacable en el plano penal, que busca condenar a los líderes independentistas por delitos de sedición y rebelión. Es evidente que cometieron delitos, pero ¿cuáles? ¿Y qué castigo merecen? No parece, la verdad, que la teoría de la rebelión, con su prisión preventiva y sus hasta treinta años de condena, cuente con mucho prestigio entre los juristas. Ni de dentro ni de fuera de España.
La decisión del tribunal alemán de Schleswig-Holstein de entregar a Puigdemont a España, pero sólo por el delito de malversación, se ubica en esa línea. Es una decisión muy criticada por muchos (que piensan que el tribunal se extralimita), que ha llevado incluso al PP (un PP en fase electoral en clave interna, en donde sus dirigentes, siguiendo la estela de Pablo Casado, rivalizan en soltar barbaridades a cual más estridente) a pedir la salida de España del espacio de Schengen, en represalia (otra muestra más del peculiar europeísmo que profesa una parte de la derecha española). Pero también es una decisión que evidencia que la «teoría de la rebelión» hace aguas.
Es muy difícil justificar que se procese a algunos de los encausados por delitos mucho más graves que los que se le pueden imputar al líder de la supuesta rebelión, Carles Puigdemont. Es un contrasentido evidente que desvirtuaría por completo cualquier condena por rebelión de los subalternos, mientras que el jefe se libra por haber tenido la suerte de huir y que se le aplicase en primera instancia una justicia menos severa que la articulada desde España por la Fiscalía del PP y el juez Pablo Llarena, siguiendo el hilo del discurso de Felipe VI.
Por otra parte, estamos en plena estrategia de distensión, una vez constatado que el camino del choque perpetuo es un camino a ninguna parte. Personalmente, pienso que la distensión, tal y como la está aplicando el Gobierno, con muchos gestos y pocos hechos por ahora, es una estrategia mucho mejor, si de lo que se trata es de desinflar al independentismo (que está inflado, en buena medida, merced a la agresividad de la derecha española).
La cuestión es cómo aplicarla. Una eventual renuncia de la Fiscalía, ahora en manos socialistas, al delito de rebelión es muy arriesgada: el discurso de Felipe VI y la preponderancia electoral de Ciudadanos, siguiendo su estela, están muy presentes. Pero, sin duda, contribuiría a poner las cosas en su sitio: juzgar a los líderes independentistas por los delitos que han cometido (que pueden comportar cárcel, y casi seguro inhabilitación), y no por otros.
