Hace un año que la «Xylella fastidiosa» (¡qué apellido más apropiado!) llegó a los almendros de la provincia de Alicante. Desde ese momento mi percepción del problema ha variado bastante, pero sigue lejos de la rotundidad que algunos expresan. En esos momentos, con un foco muy localizado, entendí que era urgente una erradicación del problema que evitara la extensión de la plaga. En una charla a la que asistí en la localidad alicantina de Benilloba un técnico del sindicato de la Unió de Llauradors, más o menos afín a los partidos gobernantes en la Generalitat Valenciana, explicó con claridad el peligro de la extensión de una plaga, que no tiene tratamiento y ante la que solo caben medidas preventivas y profilácticas contra los insectos vectores. No me pareció tan lógico que las charlas las dieran técnicos de un sindicato y no la Consellería.

Por su parte, el otro gran sindicato, Asaja Jóvenes Agricultores, optó por una postura radicalmente distinta, la de combatir todas las medidas que partieran de la Consellería de Agricultura en su aplicación de las directivas europeas. Seguro que en este caso no tenía nada que ver que las medidas fueran adoptadas por un partido o grupo de partidos de tendencia política antagónica a la suya.

Recientemente un grupo de afectados de la comarca alicantina de El Comtat, alrededor de la Cooperativa de Quatretondeta, quieren reivindicar una nueva forma de abordar el problema, despolitizando una cuestión que es una patata caliente que nadie sabe cómo atajar. Es evidente que las políticas de contención de Italia o las Baleares no tuvieron los efectos deseados y se puede entender en un principio que se intentara ser más radical en Alicante, con políticas más agresivas de erradicación, siempre que no fueras uno de los afectados. El problema es cuando el foco deja de estar localizado y se extiende como una mancha de aceite y deja de demostrarse el éxito de una política de erradicación que, además, destroza las ya exiguas rentas agrarias, con indemnizaciones ridículas, y se carga el paisaje con acciones no siempre bien informadas a los afectados. La cuestión es debatir, de forma abierta y con toda la información disponible si la política de erradicación es efectiva o hace más bien que mal. Como en el eterno problema del agua, donde los de la desalación eran de un partido y los del trasvase de otro, no se debe mezclar la política en un tema que no tiene fácil solución pero que debe ser tratado con más transparencia.