Hace unos años, cuando se estaba negociando la revisión del sistema de financiación autonómica, publiqué un artículo titulado Cómo acabar el sudoku, que a punto estuvo de no ver la luz por su excesiva extensión y carga de argumentos técnicos. No caeré en el mismo error.

No acabó bien el sudoku y a estas alturas sólo los muy ajenos al devenir de los intereses colectivos pueden ignorar que padecemos un sistema de financiación profundamente injusto, que no trata a los españoles con equidad. No es casualidad que se haya promovido desde la Comunitat Valenciana un cambio radical de modelo, ya que es la comunidad que más padece este sistema tan profundamente injusto.

Gracias al trabajo riguroso de la comisión de expertos creada por Les Corts en la pasada legislatura, se pusieron sobre la mesa los estudios que probaban ese trato desigual, así como el déficit en materia de provisión de servicios públicos para los ciudadanos de nuestra comunidad y el impacto sobre nuestra creciente deuda pública. Un trato desigual que no sólo significa que ciudadanos de otras comunidades disfruten de servicios con los que nosotros no podemos ni soñar, sino que supone una losa muy pesada para nuestro sistema productivo. Y así lo entendieron no sólo todos los grupos políticos representados en Les Corts, sino los sindicatos y las organizaciones empresariales, como principales interlocutores en el mundo de la economía.

A principios de 2017, la Conferencia de presidentes autonómicos acordó crear una comisión de expertos para elaborar una propuesta de reforma que pudiera ser llevada al Consejo de Política Fiscal y Financiera y al Consejo de Ministros. La comisión hizo su trabajo y hace un año entregó su informe en el que se alcanzó un alto grado de consenso, acompañado de los correspondientes votos particulares para aquellos aspectos en los que había alguna discrepancia.

Dicho estudio ha sido analizado por el Ministerio de Hacienda y por las comunidades autónomas y, según tengo entendido, hay un razonable consenso entre éstas acerca del sentido de la reforma, por lo que se debe dar el siguiente paso: una propuesta concreta del ministerio para su estudio en una reunión formal del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Un acuerdo que cuente con el consenso de la Administración General del Estado y del conjunto de las comunidades autónomas difícilmente podrá ser rechazado por el Congreso de los Diputados.

Hay ya mucho camino andado en esa dirección como para detenerse en este momento y es muy difícil cuestionar un modelo que cumpla los siguientes requisitos:

1. Que atienda a la defensa del Estado del bienestar con una adecuada distribución vertical de los recursos (para entendernos, reparto entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas).

2. Que asigne los recursos a las comunidades en función de la población, ya que los servicios que prestan las comunidades autónomas (fundamentalmente, sanidad, educación y servicios sociales) se dirigen a los ciudadanos. Los posibles factores correctores no pueden acabar siendo distorsionadores de esa asignación.

3. Que establezca un plazo de convergencia desde la situación actual que permita un aterrizaje suave para las comunidades sobrefinanciadas (estoy pensando en las forales).

4. Que aporte una fórmula para descargar a las comunidades autónomas de aquella parte de su deuda que se deba a la infrafinanciación (y sólo de esa).

El sentido de cohesión que España necesita se construye así más que con símbolos e identidades excluyentes. Es preciso que todos tengamos la convicción de que se nos trata con equidad y no en función de la comunidad autónoma en la que vivamos y para ello es inaplazable la reforma del sistema de financiación que padecemos.