Alguna vez te has preguntado cuánto vale el jardín al que acudes para desconectar del bullicio de la ciudad? ¿O qué precio tiene el metro cuadrado de plaza que utilizas para sentarte a descansar? Muy pocas personas se plantean algo tan cotidiano. En pura lógica económica, la cuestión podría carecer de sentido porque el espacio público no es un bien que se negocie en el mercado... ¿o sí?
Antes de entrar en detalle, conviene no confundir valor con precio, como sugiere el clásico, pues determinados usos de calles y plazas, como pasear, estar, socializar -o simplemente dar acceso a la edificación- son irreemplazables, no se pueden dar en otros lugares y por su carácter único el valor es incalculable porque suponen la esencia misma de la ciudad. Como ciudadanos, la reflexión es obligada si lo que nos importa es que el espacio que hay entre los edificios -como lo define el maestro Jan Gehl- sea realmente público y de acceso universal.
En València, las ordenanzas municipales, a los efectos de ocupar el espacio público con mesas y sillas para fines lucrativos, distinguen varias tarifas en función del precio del suelo (del suelo privado, claro). Por ejemplo, privatizar la acera o el espacio peatonal con una terraza en la zona centro de la ciudad cuesta de 3 a 6 veces menos que el metro cuadrado del local al que sirve de expansión. Es solo una pequeña muestra de lo económico que resulta apropiarse de lo que es de todos.
Los medios de comunicación muestran a diario un poder muy superior del lobby turístico y comercial frente a los colectivos ciudadanos que denuncian la excesiva mercantilización del limitado y valioso espacio público. Estas prácticas, creciendo de manera preocupante en algunos barrios y ya consolidadas en otros, van en detrimento de la multiplicidad de usos, característica esencial de nuestra cultura urbana. Un indicador determinante de ese empobrecimiento lo constituye, por ejemplo, la ausencia de niños y mayores en nuestras calles.
La incompleta gestión del suelo, nacida para gravar fiscalmente el aprovechamiento de las propiedades agrícolas, ha dejado históricamente fuera de la valoración catastral el suelo público -calles, plazas, parques, playas, etcétera- a pesar de cómo influye en el valor-precio que se otorga a la propiedad privada. Los espacios públicos de calidad aumentan la valoración económica, social y ambiental de los inmuebles del entorno, esto lo saben bien sus propietarios. Estudios afirman que las ciudades caminables valen más que las que no lo son, pues activan la economía local, atraen talento y son socialmente más equitativas. Sin embargo, en el imaginario colectivo el espacio común vale menos que el privado pero sin él la propiedad privada pierde valor y sentido. Como ha dicho Ethan Kent (ONG Project for Public Spaces) en su reciente visita a València, «lo que define el carácter de una urbe es su espacio público, no su espacio privado».
Ocupar el espacio común sale realmente barato, cuando no gratis total. Se utiliza como almacén de mobiliario, andamios y acopio de materiales de obras para la edificación, señales, reparto de mercancías, como soporte de la más variada publicidad de negocios, o como depósito de coches y motos. La práctica totalidad (el 96 %) de las 140.000 plazas de aparcamiento disponibles en las calles de València son de uso gratuito (datos del PMUS de 2013). El resto, zona azul y zona naranja, a precios muy bajos si los comparamos con los aparcamientos privados. Aparcar dos horas en zona azul en el Ensanche no cuesta ni dos euros, y sale gratis fuera de la franja horaria establecida. No parece, por tanto, razonable que la ciudad esté dedicando a los vehículos privados más del 70 % de la vía pública cuando además, los impuestos que los gravan no cubren siquiera los costes directos que generan y para nada los indirectos (contaminación, cambio climático...). Se trata, a mi juicio, del caso más escandaloso de privatización del espacio público.
Si esta mercantilización de las calles y plazas de las ciudades siguiera la lógica del mercado inmobiliario, los precios aumentarían de manera espectacular. Las tasas establecidas por los ayuntamientos suponen, por lo tanto, evidentes pérdidas económicas para las arcas públicas.
Sin estas consideraciones de carácter económico y social, el debate actual sobre el cambio del modelo de movilidad en nuestra capital resulta incompleto y distorsionado. Lo realmente importante es que las políticas urbanas estén dirigidas a mantener un adecuado equilibrio de usos, sin perder de vista el derecho de todas las personas a la vida urbana (recordando a Henri Lefebvre), potenciando un espacio público saludable e inclusivo, que permita a los más pequeños el juego libre y seguro, o que facilite las tareas de cuidados. La ciudad es para las personas.
