Una vez nombradas, las ministras de Economía y de Hacienda repasaron con cuidado las cuentas que les dejó el Gobierno de Mariano Rajoy para lo que resta de 2018. Aunque a nadie le sorprendió, la conclusión, una vez más en lo que a presupuestos elaborados por el PP se refiere, fue que la promesa hecha a Bruselas sobre la reducción del déficit no podía darse, a menos que los españoles estuvieran dispuestos a aceptar que la salida de la crisis no tenía la contundencia que le habían vendido.
El dato que figuraba en los papeles europeos era de un 2,2 % del PIB, pero el que se puede adivinar es sensiblemente mayor (casi una cuarta parte mas de lo previsto) lo que significa que no va a bajar del 2,7 %. Sabiendo que mejor una vez enrojecida que cien veces colorada, la ministra Nadia Calviño, aprovechó su primer viaje a Bruselas, con borla ministerial, para reunirse con el responsable de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, para adelantarle la mala nueva. Su antiguo jefe francés se mostró «constructivo», aunque, diplomacia obliga, no quiso especificar si daba el visto bueno a la actualización española; se dio por enterado y rogó que en ningún caso este déficit llegara al temido 3 % que es la línea roja a partir de la cual se mantendría el vigente Protocolo de Déficit Excesivo, que provisionalmente a finales de mayo no era nada optimista.
Una vez conseguido el permiso de la Comisión, para incumplir los Presupuestos de 2018, Pedro Sánchez tuvo una rasgo de inteligencia al avisar, desde el Parlamento, que estas cinco décimas que se añadirán al déficit de este año (y en consecuencia a la deuda del Reino de España) van a dedicarse a las pensiones y a las cantidades que se remiten a las comunidades autónomas (CC AA). Hoy sabemos que estos mismos destinos van a tener los permitidos incrementos de déficits de próximos años.
Los actuales presupuestos del sistema de pensiones y de financiación autonómica son dos fuerzas que al moverse en situaciones intrínsecamente deficitarias competirán fieramente entre ellos de forma cada vez más cruda. En el caso de las pensiones, nueve millones largos de españoles escrutan la evolución y el futuro de sus ingresos personales, mientras que son los gobiernos de CC AA, en forma de administración interpuesta, quienes tienen que hacer frente a casi todas las demandas restantes de un supuesto estado del bienestar. Mucho se ha hablado de las posibles consecuencias del difícil futuro de nuestro sistema de pensiones y en esta materia esta dicho casi todo, sin embargo la pervivencia del sistema de CC AA paradójicamente se da como más sólido y establecido.
Como una de las consecuencias de las gestiones bruselenses, el jueves se reunió el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) presidido, al alimón, por las nuevas ministras: Hacienda, María Jesús Montero, que hace pocos meses, cuando era la encargada de ello en la Junta de Andalucía clamaba en contra de las decisiones adoptadas en anteriores reuniones de este CPFF, en los que hablaba de la necesidad imperiosa de 16.000 millones de euros para las CC AA; Política Territorial, la catalana Meritxell Batet, encargada de dialogar y mostrar la mejor de las empatías gubernamentales con la Generalitat de Catalunya.
Sin duda debió resultar muy duro para la ministra Montero olvidar su petición de 4.000 millones andaluces, de los 16.000 citados, pero más difícil se presume el papel de la ministra Batet asumiendo públicamente que el CPFF va a ser el único marco para el debate sobre el futuro sistema de financiación, remarcando que no habrá condiciones especiales para Cataluña. Esto ocurrió después que el CPFF fuera expresamente descalificado por la Generalitat catalana como razón justificativa de una ausencia plenamente anunciada. En resumen, quien pedía 16.000 millones de euros adicionales, pocas semanas después ofrecía unos modestos y realistas 2.500 millones en el déficit permitido para 2019 y quien aparentemente está dispuesta a hablar de todo con el gobierno de Quim Torra, se comprometía a que cualquier nuevo acuerdo financiero con Cataluña acabaría pasando por el CPFF. Hablar de contradicciones intelectuales en política es una manera de observar la capacidad camaleónica de la especie humana. Sin duda, este es un talento que no está al alcance de muchos, razón por la cual uno valora y admira a los políticos ya que se mueven en entonos en los que uno no se siente capacitado para entrar.
En paralelo, el Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra sigue metiendo a los valencianos en un jardín del que nos será muy difícil salir sin heridas de diversa gravedad. La doctrina que emana desde el Palau el jueves citado se repitió para justificar su abstención a la hora de votar el techo de gasto propuesto por el voluntarioso gobierno de Sánchez: «La situación de partida de la Comunidad Valenciana es muy diferente a la de otras comunidades», una frase victimista más del conseller Vicent Soler, quien más que hablar de la propuesta del Gobierno siguió hablando (para no devolverlas nunca) de competencias a las que no puede hacer frente con el actual diseño autonómico: «[alguien] ha repartido bien las competencias pero no los recursos». Han sido más de tres años gobernando la Generalitat valenciana (GV) con la única bandera de lo maltratada que esta región está en el seno del actual Reino de España. Tal ha sido la insistencia en esta idea tan próxima al «Espanya ens roba», que nos encontramos con una GV mucho más compresiva con el procés que con Galicia, que pone pegas a la restructuración de la deuda.
Todos los españoles hemos interiorizado la gravedad del problema de las pensiones (evolución demográfica, falta de empleo, integración de la inmigración, etcétera). Sin embargo, pocas reacciones surgen respecto a la continuidad del actual Estado de las autonomías. En particular desde València sólo salen protestas y lágrimas, pero ninguna solución que demuestre que el Estado español en su actual formato es viable.
