Santander y Bankia, por diferentes motivos cada uno, han sido los primeros en poner el grito en el cielo, a la medida que ha anunciado el Gobierno de poner una tasa a las entidades financieras que grave los beneficios obtenidos fuera del territorio nacional. Con esta medida impositiva, el Gobierno espera recaudar 2.000 millones de euros anuales adicionales, que irían destinados a reducir el déficit de la Seguridad Social y pagar las pensiones.

Las entidades financieras, como el caso de Bankia, donde el Estado controla todavía el 60% del capital, después de haber privatizado una parte, ya ha anunciado a través de su consejero delegado, José Sevilla, que la medida perjudicaría a la rentabilidad y afectaría a la privatización y al valor de la acción, muy volátil en los últimos meses.

El Gobierno lo tiene claro. Si los ciudadanos salieron al rescate de las entidades financieras, con un costo para los contribuyentes de más de 60.000 millones de euros, ahora les toca a los bancos devolver ese esfuerzo.

Sin embargo, la banca tiene recursos suficientes para que esa nueva tasa que prepara el gobierno tenga el menor impacto en su cuenta de resultados, que pese al rescate financiero nunca ha estado en números rojos y sea de nuevo el contribuyente quien pague los platos rotos , por ejemplo, aumentando las comisiones, ya de por sí abusivas que cobra a los clientes o encareciendo la línea de créditos.

Veremos quién gana el pulso. Me temo que, como siempre, la banca.