Este miércoles la Unión Europea confirmó lo que era ya un secreto a voces: España tiene un grave problema de contaminación por aguas residuales, por lo que ha sido condenada a una multa millonaria. La contaminación por aguas residuales es, por su volumen e intensidad, el factor que más afecta a la calidad de las aguas continentales españolas. Y no estamos hablando de un hecho aislado o transitorio. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) establece que han sido 17 municipios de más de 15.000 habitantes que, desde el año 2001 deberían depurar sus aguas correctamente según establece la directiva del año 1991. Y muchos de ellos siguen sin cumplir. ¿Resultado? 11 millones de euros de multa cada seis meses hasta que cumplan. Casi 60.500 euros diarios.
Así se ha puesto de manifiesto en diversos sectores que van desde el hotelero hasta el ecologista como Greenpeace. La organización ecologista considera que ésta es una asignatura pendiente a la que aún no se ha puesto solución. «La lucha contra la contaminación de nuestras aguas debe ser prioritaria. Es mucho más efectivo cambiar las actuales medidas que no garantizan la calidad de las aguas para la vida silvestre o para el consumo humano que construir nuevas infraestructuras hidráulicas como embalses o trasvases», señala Julio Barea, portavoz de la ONG.
La nula o deficiente depuración de las aguas residuales urbanas afecta a la calidad de las aguas a nivel estatal, tanto en ríos como en costas. Muchos de los lugares señalados por Bruselas (como Gijón, Vigo, Matalascañas, Santiago de Compostela, Peñíscola, Benicarló, etc.) estaban en el foco de Greenpeace, que ha recogido esta situación en diversos informes desde 2005.
