En CCOO PV celebramos la decisión del nuevo Gobierno de recuperar la universalidad en el acceso a la sanidad, de reintegrar un derecho esencial al que toda persona siempre debió tener derecho por su intrínseca condición de ser humano.

Se devuelve así la dignidad a nuestro Sistema Nacional de Salud, tras años de reivindicaciones por recuperar los derechos arrebatados desde que el Real Decreto-ley 16/2012, aprobado por el Ejecutivo de Rajoy, supuso la imposición de la exclusión sanitaria de cientos de miles de personas. A las múltiples vulneraciones del derecho fundamental a la salud se sumó la situación creada por las últimas sentencias del Tribunal Constitucional, que negaban la competencia de las Comunidades Autónomas para otorgar acceso al SNS.

Este Real Decreto supuso una agresión sin precedentes al Sistema Nacional de Salud, uniendo planteamientos xenófobos con una supuesta rentabilidad que nunca se demostró. Esta exclusión sanitaria se ha cebado con las personas más vulnerables, constituyendo una grave violación de derechos humanos amparada por una perspectiva de supuesta «eficiencia del sistema» que no se sostiene.

Podemos afirmar que un sistema basado en la prevención es más eficiente y menos costoso, en términos económicos, que aquel que limita la atención a las puertas de urgencias. Pero, aún en el hipotético caso de que hubiera sido una medida rentable por la relevancia económica de lo ahorrado, cabe preguntarse: ¿de verdad los partidos políticos que postulan la defensa a ultranza del principio de «todas las personas somos iguales» pueden sostener que unas personas tengan acceso a la sanidad pública y otras no?

Tampoco se sostiene la afirmación, alentada por el anterior gobierno del PP, de que las personas migrantes sobrecargan el sistema sanitario. Pretendía evitar el llamado «efecto llamada» de la inmigración irregular por causas sanitarias. Pero, ¿acaso han sido capaces de acreditar dichos razonamientos? ¡No se puede regular un derecho partiendo de falsos mitos o prejuicios! Ante estas cuestiones, solo podemos concluir que la sociedad no ha castigado debidamente a los ejecutores de estas medidas, que devaluaron el nivel de protección de derechos fundamentales a cotas indignas para la sociedad española.

No podemos olvidar a las personas que evitaron acudir al médico por no poder sufragar los costes, que vieron agravadas sus enfermedades e incluso fallecieron por no poder acceder al SNS. No podemos olvidar las advertencias internacionales que nos decían que ninguna barrera administrativa puede impedir el acceso a la sanidad pública. España ha estado incumpliendo sus compromisos en esta materia, vulnerando la Carta Social Europea.

Tampoco vamos a olvidar los profesionales que se resistieron a someterse a esta norma indigna. A todo ese personal sanitario, que por principios, ética y dignidad, pusieron de su parte para superar las trabas impuestas y atender a las personas enfermas que lo necesitaban.

Como decíamos, celebramos el cambio de rumbo en esta materia. Celebramos que vuelva a importar más el derecho a la salud que un apunte contable y que las luchas sociales por la recuperación de nuestros derechos inicien una senda de objetivos alcanzados.

Pero esto no es el final del camino, sino solo un paso más, por muy relevante que sea éste. Queda pendiente la recuperación y mejora de los derechos laborales de los trabajadores de la sanidad y la reversión del sistema público de los servicios privatizados. Seguiremos luchando para que nuestro SNS siga siendo ejemplo de calidad y eficacia. Ahora sí, sin dejarse a nadie en el camino.