Me extrañaría que los jueces, tan celosos del sistema de meritocracia, se mostraran complacientes con lo que cualquier observador imparcial calificaría como casos de procedimientos académicos turbios en el caso del máster de Pablo Casado. Si miramos las cosas desde una perspectiva académica, nos damos cuenta de que estamos ante una trayectoria confusa. Y creo que la judicialización de la vida política, y sus líneas rojas, nos están confundiendo en la apreciación de estos casos. Primero, nos hace inquisidores de pacotilla, buscando indicios delictivos, motivos para una causa judicial. Esta es la peor forma de juzgar a un político. Así nos perdemos en los detalles y olvidamos lo relevante. En efecto, la representación política se basa en algo más que en la inexistencia de delitos. Los políticos tienen que ofrecernos un plus de garantías para que nos fiemos de ellos, algo que merezca nuestra confianza y no el mero hecho de que no sean delincuentes.

Desde este punto de vista, la trayectoria de conjunto de Casado legitima la pregunta de si debemos confiar la magistratura directiva de la cosa pública a alguien que ha manifestado tal capacidad de chapuzas respecto de lo básico y trascendental para cualquier persona, su formación. Pero todavía más importante es que Casado ha sido más chapucero conforme más se implicaba en la vida política. Esta relación inversamente proporcional entre progreso en la vida política y ausencia de mérito en su confusa vida formativa, es el síntoma decisivo de un sistema político perverso. Y esto es lo que resulta más llamativo del caso Casado, cuando se mira con una perspectiva adecuada. Mediocre estudiante cuando es un ciudadano normal, cuando llega a diputado regional de la Asamblea de Madrid comienza una escalada heroica en su currículo que lanza sobre él no una sospecha forense, sino sencillamente una extraña sensación de inverosimilitud. Para un representante político, esa inverosimilitud respecto de su mérito debería ser tan descalificadora como un fraude social.

En efecto, Casado comenzó a estudiar en el ICADE, el Instituto de la Universidad de Comillas que ofrece doble Grado de Derecho y Administración de empresas. Es un centro de prestigio y alguien que quiere cursar ese doble grado quiere pertenecer a la elite de la administración. He aquí el camino estrecho que emprende el estudiante Casado. En la plenitud de la juventud, enteramente dedicado a estudiar, tras cinco años, nuestro joven había aprobado menos de la mitad del Grado de Derecho, justo lo que se suele aprobar en dos años y medio. Esto significa que Casado no puede ser calificado sino como un estudiante más bien mediocre.

Es posible que descubriera entonces que lo suyo no era el estudio. Desde luego, esto no lo invalidaba para ser un político. Lejos de mí pensar que para ser un buen político se requiera haber sido un excelente estudiante. Lo llamativo es otra cosa. Dando un giro radical en su carrera, Casado se fue en septiembre de 2004 a un centro diferente del ICADE. Podemos suponer que Casado tomó esta decisión por realismo. No podía seguir en ICADE porque había agotado las convocatorias y decidió bajar el listón. De pretender ser un saltador de elite se pasó a un centro confuso, cuya razón de ser me resulta enigmática. En efecto, el centro Cardenal Cisneros no debería existir. Existe porque da dinero a la UCM. Pero apenas tiene sentido que una Universidad oficial reconozca un centro que le hace la competencia en algunas de sus carreras, entre ellas la de Derecho. ¿Qué mercado tiene un centro sin prestigio, reconocido por una Universidad pública prestigiosa? No tenemos que ser malpensados. Si el Centro Cisneros cobra casi el doble que la UCM por año de matrícula y su prestigio científico es ignoto, su mercado se centra en atender a alumnos con posibles. ¿Pero quién pagaría más por obtener un título sin prestigio? La respuesta es sencilla: sólo quien así lo tenga más fácil.

En efecto, lo único que justifica ese mercado es lograr con facilidad lo que resulta difícil conseguir de otra manera. Por supuesto, a condición de pagar. Y aquí tenemos algo así. El estudiante Casado se va desde un Grado de elite a una Licenciatura residual. En un principio, le convalidaron siete materias anuales, el equivalente a catorce del Grado. Un trato normal. Luego, siendo ya un político de jóvenes generaciones del PP, cursó un año, aprobando seis asignaturas. Después, cuando ya era Diputado de la Comunidad y con muchas más obligaciones de representación, aprobó 14 asignaturas entre junio y septiembre. Un estudiante mediocre logra de repente una heroicidad. Nadie se escandaliza de que lo hiciera ya como representante político, algo que viola de origen la igualdad de oportunidades.

El director del Centro Cisneros, también vinculado a la vida política, fue capaz de decir que Casado fue «cobijado o ayudado por las autoridades de la Comunidad de Madrid». Y sin embargo dijo que no hubo trato de favor. ¿Es compatible recibir ayuda y no recibir trato de favor? Solo se me ocurre una respuesta. El Cisneros es una institución que cobija y ayuda a todos por igual, y por eso no produce trato de favor. Sólo así se explica que, como dijo Vargas, hubiera facilidades para Casado, pero no irregularidades ni presiones ¿Quiere eso decir que dar facilidades era lo regular y que nadie necesitaba ser presionado para darlas? No lo sabemos. Pero aun así, el problema no está ahí.

Lo fundamental es que, como si llevar una carrera académica activa fuera una obligación de todo político, Casado quiso hacer la tesis. Entonces conectó con el Instituto de Derecho Público de Álvarez Conde y otros amigos de la URJC, con experiencia en hacer doctores tan prominentes como Camps. Y la pregunta es: ¿Por qué surge esta pulsión en tantos políticos de llevar una vida paralela de promoción académica y de vida política, lo que no es imprescindible para un político? No lo sé. El caso es que las asignaturas de licenciatura, aprobadas de aquella manera, ahora también fueron convalidadas por asignaturas del Máster. El dispositivo de convalidación, tan exigente, aquí se multiplica como los panes y los peces. Desde luego, cabe preguntarse qué sentido tiene un Máster que se convalida con asignaturas de licenciatura. Aunque la respuesta sea ninguno, podemos dejarlo ahí.

Lo más preocupante es que esta voluntad de llevar las dos vidas a la vez sólo se explica porque hay un mundo institucional educativo en paralelo que lo permite, que cobija y que ayuda, sin llegar a ser irregular. Y aquí está la clave. Que los políticos dispongan de ese mundo paralelo en el que poder ser ayudados, cobijados, sin presiones, sin trato de favor, con naturalidad, con discreción, de tal manera que puedan conquistar, siendo ya distinguidos representantes, lo que los demás ciudadanos consiguen dedicándose en cuerpo y alma.

Y eso, que exista ese mundo educativo paralelo, con actores facilitadores ajenos a los demás ciudadanos, no puede ser valorado de «anécdota». Tenemos razones para afirmar que ha sido una práctica y un hábito. Es fácil que no se demuestren usos delictivos, pero nos sugiere un camino exclusivo, de ventaja, de promoción, de chapuza, de instrumentalización que beneficia a los que ya debían haber conquistado todas esas cosas antes de proponerse como representantes ante la opinión pública. Esa comprensión de la política como una prima para alcanzar con facilidad otros beneficios, esa es la verdadera corrupción. Como ciudadanos, no como aprendices de jueces, es lo que deberíamos apreciar.