A la Unión Europea le cuesta tomar decisiones. Quizá debido a su propia complejidad como organización supranacional de veintiocho Estados, quizá por su condición de proyecto de integración continental apreciable pero inacabado. La celeridad de sus respuestas frente a desafíos complejos y rampantes no es algo que caracterice precisamente a Bruselas.
La presión migratoria no es una novedad para los países del sur de Europa, ni mucho menos para España. La diferencia es que antes se tomaba por un asunto local, mientras que ahora el problema se ha vuelto continental y condiciona el panorama político desde Roma hasta Estocolmo. La actual crisis estalló en 2015, pero la UE no alcanzó un acuerdo migratorio hasta finales del pasado mes junio, tres años después.
Existe una razón por la que nuestro país está afrontando este verano el grueso de la presión migratoria a Europa: las otras rutas ya han sido cerradas. En 2016, Europa soltó 3.000 millones de euros a Turquía para que taponase la ruta a Grecia por el Mediterráneo oriental. En 2017, negoció un acuerdo de 130 millones con los guardacostas libios para que hicieran lo mismo. Del mismo modo, Argelia ha endurecido también sus políticas contra la inmigración ilegal. Todo ello sumado la línea dura que triunfa en Europa del Este y central da como resultado el desplazamiento de los flujos migratorios de nuevo a Marruecos, que atisba ya la oportunidad de negocio.
Rabat sabe rebajar cíclicamente la vigilancia de sus fronteras cuando desea obtener algo a costa de España. Ahora, conocedora de la estrategia comunitaria, se dirige directamente a Bruselas para pedir unos 100 millones de euros que hagan justicia a sus "sacrificios" para contener los flujos migratorios. Una apuesta segura, porque ya está en marcha.
La estrategia del soborno, aunque eficaz a corto plazo, quizá contenga el problema, pero no va a resolverlo. Es más complejo que eso. El chantaje de Turquía y el Magreb por contra es más sencillo: dinero a cambio de contención. Si el dinero falla, permisividad y oleada. Y aunque en los países europeos afloren los políticos de línea dura, siempre habrá quien prefiera el discreto y cómodo método del pago. A fin de cuentas, no es más que una cuestión de negocios; basta poner los millones sobre la mesa para que las autoridades de los países de tránsito dejen de hacer la vista gorda y empiecen a controlar su propio territorio, con poco arreglo además a los estándares europeos sobre derechos humanos. Así funcionan las relaciones internacionales.
