Para el complejo asunto que quiero abordar en estas breves líneas, nada me parece más oportuno que encender la luz que aporta el gran sociólogo e historiador alemán Max Weber, en su breve ensayo La política como vocación. Escrito en 1919, diferencia entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Para Weber, ejemplo de la ética de la convicción era el Sermón de la Montaña de Jesús, según el evangelio de Mateo: «Amáos los unos a los otros, como yo os he amado», las bienaventuranzas y demás. Weber contraponía a estas recomendaciones la ética de la responsabilidad. Creo que fue el escritor francés Anatole France quien escribió «con los buenos sentimientos se hace frecuentemente la peor literatura». Para Weber con los buenos sentimientos se puede hacer la peor política.

Después de este preámbulo me voy a ocupar del problema de la inmigración ilegal en Europa y especialmente en España. Al cerrar Matteo Salvini a cal y canto la puerta italiana, la otra puerta de Europa, por razones geográficas, es nuestra nación. Esta inmigración proviene en buena parte del África negra. Muchos de estos Estados del África sub-sahariana entrarían en la categoría de lo que comúnmente se llaman Estados fallidos, donde el poder de los Gobiernos no alcanza mucho más allá de la capital. No todos lo son; Etiopía, Ruanda, Uganda o Sudáfrica no serán modelos de democracia representativa, o de respeto a los derechos del hombre, pero tienen Estados que funcionan y mantienen la paz civil, más o menos. Significativamente, los inmigrantes que llegan a nuestras costas o asaltan nuestras fronteras, nunca proceden de las naciones que he citado.

La ética de la convicción nos dictaría que a todos estos desdichados debemos acogerlos, pues vienen huyendo del hambre, la miseria y las guerras tribales. ¿Cuántas de esas personas están en esa terrible situación? Diez, cien millones? La ética de la responsabilidad nos avisaría de que en España hay un 15 % de paro y que el destino de esta gente sólo podrá ser sobreexplotados por empresarios sin escrúpulos, o vender baratijas en la vía pública, o dedicarse al pequeño tráfico de drogas.

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha encontrado de cara con esta crisis recién formado. Una de sus primeras decisiones fue acoger en València al buque Aquarius donde 600 inmigrantes estaban en peligro de muerte. La ubicua Mónica Oltra, especialmente si hay una cámara de televisión que la grabe, se apresuró a hacer declaraciones atribuyéndose un protagonismo que no le correspondía. Finalmente, el Gobierno de la nación le recordó que el control de fronteras es una competencia exclusiva del Estado.

El presidente Sánchez ha entendido rápidamente que admitir en España a 600 inmigrantes en peligro de muerte es un gesto humanitario. Admitir a 600.000 es abrir la puerta a un Salvini español, tarea en la que Pablo Casado está poniendo un celo muy superior a la que puso en su polémico máster.

No soy contrario a la entrada de ciudadanos extracomunitarios en la UE. De hecho, la historia nos enseña que el cruce de distintas culturas está en la raíz de las naciones más avanzadas del mundo, como EE UU. Pero como dijo un importante político austriaco este verano, «es la UE, y no las mafias de la inmigración ilegal, quien debe decidir qué extranjeros entran en su territorio».

Terminaré refiriéndome al asalto de la valla fronteriza de Ceuta el 23 de agosto por cientos de africanos utilizando como armas ofensivas contra la Guardia Civil la cal viva y el ácido sulfúrico. Más de cien consiguieron entrar por escasa horas en España. Al día siguiente fueron expulsados a Marruecos. Amnistía Internacional, Podemos y alguna prensa siempre sensible a estos asuntos, qué menos, pusieron el grito en el cielo.

Sin embargo, esta expulsión se hizo al amparo de un convenio entre España y Marruecos vigente desde 1992, y que si se ha aplicado en escasas ocasiones es por la negativa marroquí, que tiene la potestad de dar su aceptación ¿Por qué el Gobierno de nuestros vecinos del sur ha dado su visto bueno esta vez y no otras? Tal vez, la reciente visita de Borrell y Marlaska al reino alauita contribuyó a despejar el camino. Y la promesa o llegada de algunos millones de euros procedentes de España y Alemania a ese necesitado país. En todo caso, nadie en su día cuestionó la constitucionalidad de este acuerdo y no estaría de más recordar que la entrada masiva y por la fuerza en una frontera internacional tiene un nombre: invasión.