Se acerca el momento de empezar a ajustar las cuentas de la gestión llevada a cabo desde la Consellería de Medi Ambient, y en el caso de los presupuestos dedicados a la prevención de incendios forestales, no salen. Ni dan para justificar la catástrofe en la gestión del Incendio Llutxent - Gandía ni para tapar las vergüenzas y desaguisados acontecidos con los bosques a lo largo de esta la legislatura en "verde".

Si atendemos a los presupuestos anuales, disponibles en la pagina web de la Conselleria d´Hisenda i Model Económic, los datos son los siguientes. En el año 2015, el programa presupuestario destinado a Prevención de Incendios Forestales alcanzó el 5,8 % del presupuesto total de la Conselleria con competencias en Medio Ambiente, es decir poco más de 15 millones de euros, de un total de 267 millones. Al año siguiente 2016 el porcentaje bajó al 5,4 %, y tampoco se llegó a superar los 15 millones de presupuesto. En el año 2017 la cantidad destinada a prevención aumentó hasta constituir el 6,2 % del presupuesto, alcanzando un importe total de 19,5 millones. En el presupuesto para el vigente año 2018, la cantidad estipulada asciende al 7,3 %, alcanzando una cifra total de 26,4 millones de euros, lo que ha supuesto una variación del presupuesto con respecto al año anterior de un 30,6 %. Una cifra más que insuficiente, ridícula, ya que las necesidades a cubrir, según sus propias previsiones, rondarían los 150 millones anuales. Pero que adecuadamente adobada y maquillada podría resultar aceptable para salir a la palestra y desviar la atención en caso de incendios devastadores, tal y como ha sucedido con el incendio de Llutxent-Gandía. Una cifra que tampoco ha servido para detener la oleada de críticas llegadas desde todos los frentes.

Por su parte, la Diputación de Valencia ha participado en el incendio de Llutxent-Gandía con cerca de 350 brigadistas forestales de Divalterra y 50 efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, cuyo presidente es el diputado Josep Bort. Fuertemente cuestionado por su gestión previa, durante y post incendio. Representantes de los sindicatos de bomberos de la Comunitat Valenciana han sacado a relucir el "desbarajuste en el sector" y la desorganización en la extinción debida a la "multiplicidad de organismos". Y también han criticado el comunicado emitido por el diputado Bort en el que, según los sindicatos "se cuestiona la profesionalidad de los medios de comunicación (?) y acusa a los sindicalistas denunciantes de vagos y corruptos, sin desmentir ninguno de los hechos que se han publicado". También declara el diputado Bort que "después de cada gran tragedia, siempre aparecen elementos que, movidos por intereses espurios, quieren sacar tajada".

Parece que el diputado Bort anda desesperado tratando de crear una espesa cortina de humo tras la que esconder su gestión, que es la que está en tela de juicio, y no es una metáfora. Recordemos que la empresa pública de la Diputación de Valencia, Divalterra, la antigua Imelsa, que también depende de él, está dedicada a las labores de prevención de incendios de las masas boscosas valencianas. Y que la reciente operación Alquería, que sigue bajo secreto de sumario, se llevó por delante a un presidente de la Diputación, varios asesores de presidencia y a los dos gerentes de la empresa pública Divalterra, al estar implicados presuntamente por administración desleal. Es decir, por prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por un montante que ascendería a los dos millones de euros en contratos ilegales de alta dirección. Bort debería tenerlo bien presente ya que la exgerenta imputada, ahora investigada, de su partido, Agustina Brines, fue finalmente separada de todos los cargos orgánicos de su partido tras su detención por la Unidad de Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), respaldados por la Unidad Central de Ciberdelincuencia y la Jefatura de Policía de Valencia. El discurso ético ha saltado por los aires y las matemáticas no engañan.