14 de septiembre de 2018
14.09.2018

Redimir la historia

14.09.2018 | 21:48
Redimir la historia

Todos los procesos internos de transición política desde una situación de conflicto armado, violencia social, dictadura o acción terrorista en un contexto democrático, son siempre complejos y lentos de resolver. Las heridas que provocan son profundas y el objetivo ineludible tanto de su sanación personal y familiar, como de la reconstrucción del tejido social roto por la violencia y la represión, requiere también una pluralidad de terapias, unas de carácter político, judicial y social y otras individuales y comunitarias.

Por eso, cuando en cada contexto histórico se producen avances importantes hacia la consolidación de la paz y la reconciliación «como valores supremos de la convivencia civil y por lo tanto de cualquier otro valor político» (L. Ferraioli), sin duda estos son debidos a una diversidad de causas, entre las que cabe destacar el impulso decidido y arriesgado de algunos responsables políticos, la acción eficaz y secreta de los negociadores, la presión de las fuerzas de seguridad y de los tribunales, y por supuesto, la presión de las fuerzas políticas democráticas y de una sociedad civil harta de la violencia o de la represión de las libertades. Así ha sucedido con el anuncio del fin de ETA; así ocurrió en la transición del franquismo a la democracia en España, y así sucedió también con los Acuerdos de Paz de 1992 en El Salvador, que pusieron fin al conflicto armado.

Pero la transición de la guerra, de la violencia y del terror a la paz o de la dictadura a la democracia, no puede hacerse sin memoria y sin justicia, si desde la paz y la libertad se pretende la reconciliación, o lo que es lo mismo, la superación definitiva del conflicto. Es necesario un ejercicio de justicia que garantice el derecho a la verdad de las víctimas, que repare integralmente el daño producido y alivie el dolor, porque este siempre será irreparable, y que enfrente a los victimarios con el reconocimiento y la responsabilidad de los crímenes cometidos. El arrepentimiento del victimario y la consiguiente petición de perdón y el posible ejercicio de esta virtud por la víctima, son valores excelentes, pero profundamente subjetivos, sobre los que es prácticamente imposible teorizar.

Y la reconstrucción de la verdad histórica, no solo la verdad del acto criminal, se logra dando la palabra a las víctimas, reconociendo sus sufrimientos y por lo tanto, rehabilitándolas en su dignidad de personas. Una dignidad social y pública arrebatada tanto a las víctimas sin nombre y olvidadas, como a las que sobrevivieron ocultas en el mar del silencio y el miedo, y cuya identificación y conocimiento de sus proyectos de vida rotos, como elemento esencial del derecho a la verdad, provoca el efecto inmediato de la reparación popular, liberando a la víctima desaparecida de una errática desmemoria y a la víctima sobreviviente de una vida a la deriva de los vientos de la inseguridad y el dolor de las heridas siempre abiertas, cuando no también, de la exclusión social.

Es necesario abrir espacios públicos, no solo judiciales, en los que se pueda escuchar la voz de las víctimas, la voz del dolor, y en los que estas puedan realizar una experiencia positiva de terapia curativa de la palabra y la comunicación, como desde hace diez años hemos realizado en el Tribunal de El Salvador y ya se vienen realizando en supuestos loables, en relación con algunas víctimas en el País Vasco; pero a los que nunca han podido acceder las víctimas del franquismo ni sus familiares directos y descendientes. Unos espacios que además faciliten el diálogo restaurativo entre víctimas y victimarios; lo que Mauricio Gaborit define como un ejercicio de alteridad, en tanto que presupuesto de la verdad, «porque ante el dolor de las víctimas, uno no puede permanecer impávido, sobre todo si ha sido el causante de esa desventura, y todavía pretende considerarse humano».

Por otra parte, la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves infracciones al derecho internacional y el derecho interno, puede realizarse a través de la justicia retributiva (legal u ordinaria) o través de una justicia especial, creada como instrumento para canalizar el fin del conflicto violento o de la represión de las libertades y que es conocida como justicia transicional. Esta última «conlleva una relativización de la persecución penal (indulgencia punitiva), siempre y cuando se cumplan unos estándares mínimos de sanción y justicia reparadora en pro de las víctimas» (Gloria Gallego), y se basa «en el reconocimiento de que hay valores morales y políticos que no son inferiores al de la justicia retributiva y el severo castigo de los culpables, como son la reconciliación nacional, la reparación de las injusticias y la verdad» (Ferraioli).

El primero de ambos mecanismos ha sido y sigue aplicándose con rigor a los crímenes del terror de ETA y a otros terrorismos. Así mismo, en El Salvador y tras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993 hace ya casi dos años, los tribunales ordinarios comienzan, aún con lentitud, a investigar ya algunos de los crímenes más execrables producidos en el conflicto armado por responsables de las Fuerzas Armadas del país; pero es absolutamente necesario ante la magnitud de los crímenes cometidos, y la necesidad de avanzar hacia la reconciliación, que se arbitren mecanismos eficaces de justicia transicional. Para los crímenes del franquismo, sin embargo, pese a ser reconocidos por nuestro Tribunal Supremo como crímenes contra la humanidad, la respuesta sigue siendo la impunidad.

Por eso, no nos sorprende, aunque sí nos indigna, que ahora que se anuncia la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, algunas voces vuelvan a defender que no hay que remover las heridas del pasado, que la verdad solo abre viejas heridas ya cicatrizadas con el paso del tiempo e incluso con la desaparición de los posibles victimarios. «Mejor hay que mirar hacia el futuro»; «no hay que abrir viejas heridas», suelen decir. Incluso, hasta se atreven a calificar como defensores del pensamiento único a quienes defendemos la creación, al menos, de una Comisión de la Verdad, con argumentos tan peregrinos como este: «Lo que se pretende es demoler una de las bases sobre las que se construyó la transición y hacer un ejercicio de reescritura de la historia».

¡Como si la historia pudiera prescindir de la verdad! Algunos no comprenden o no quieren comprender que de lo que de verdad se trata es de redimir la historia de tantas mentiras, olvidos y falsedades, no de reescribirla. Y, sobre todo, de que la sociedad se constituya en playa para recibir pacíficamente las olas del sufrimiento, del dolor y la memoria de todas las víctimas. Y para, entre todos, acunar su dolor y alcanzar la verdadera reconciliación.

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