Es decir, que Rajoy no tenía que dimitir por apoyar desde La Moncloa con mensajes oficiales al mayor corrupto de la historia de España. O sea, que Pablo Casado emerge victorioso de un máster que probablemente es un soborno, según el Supremo. A saber, la Alicia Sánchez-Camacho lenguaraz de La Camarga es la intocable Secretaria Primera del Congreso. Ahora bien, una ministra rapera de izquierdas ha de cesar al divulgarse una comida privada en la que se desahogó entre copas. Villanejo es un indeseable, pero no un condenado por corrupción, a diferencia de tantos invitados a la boda del Escorial. ¿Hay que anular el enlace?
Y sin embargo, no remite la punzada de satisfacción al contemplar a los socialistas probando su medicina de santurronería. Todos los seres humanos serían perfectos en la Arcadia progresista, así que se instauraron los delitos de odio, la expurgación de cada fobia imaginable o imaginaria, el blindaje de las religiones irracionales, la inviolabilidad de los familiares del Rey sin exclusión de las amigas entrañables. O la satanización de la blasfemia curativa. La ministra rapera, curiosamente de Justicia, no desea que la traten igual que a un vulgar Valtonyc o Willy Toledo. O Cassandra, condenada por mofarse de Carrero Blanco como si el almirante admitiera otra opción.
Nadie se imagina a San Zapatero utilizando la palabra "maricón" ni aunque lo rehogaran en whisky. Sin embargo, aquel bendito Gobierno pensaba que este comportamiento ejemplar era exportable a todos los afiliados de su partido y aledaños. Los socialistas se pusieron el listón tan alto, siguiendo al inefable Tony Blair, que ahora se encuentran dimitiendo por memeces mientras la derecha se expresa sin reglas. Se empieza por perseguir a los raperos, se continúa aplicando el delito de odio a favor de fuerzas armadas, y se acaba condenando a las ministras que hacen sus pinitos en estas malas artes.
