Después de más de treinta años trabajando en el ámbito de protección a la infancia, no deja de sorprenderme, y sobre todo de impactarme, noticias como la muerte de un niño de dos años a causa de los golpes propinados por un adulto, en este caso el compañero de su madre.

Parto del convencimiento de que disponemos ya de un marco legal y procedimental suficientemente sólido y que la búsqueda de soluciones encaminadas a evitar casos como el que nos ocupa pasa necesariamente por la mejora y aplicación plena de sus contenidos. Todo ello sin menoscabo de valorar las reformas legislativas y de todo orden que se están proponiendo: ley de infancia y adolescencia de la Comunitat Valenciana y el anuncio para el segundo semestre de 2019 de la presentación del anteproyecto de ley para la erradicación de toda forma de violencia contra la infancia.

Disponemos de protocolos de actuación que han llevado aparejados procedimientos de coordinación entre consellerias en materia de detección y atención temprana a casos de violencia contra la infancia. Así, se dispone de hojas de notificación para comunicar posibles casos de maltrato detectados en el ámbito sanitario y en el ámbito escolar.

A la vista de todo lo anterior, la pregunta es: ¿cómo hemos de afrontar la mejora del sistema de protección a la infancia y adolescencia, entendida de forma integral (servicios sociales, educación, sanidad) para aumentar su nivel de eficacia?

Nos enfrentamos a un problema especialmente complejo tanto por sus múltiples causas como por las especiales circunstancias de las víctimas.

La invisibilidad de menores que no asisten por edad al centro escolar o cuyo seguimiento sanitario es discontinuo o inexistente sigue siendo un grave problema para la detección e intervención temprana en casos de maltrato infantil. Esta dificultad intenta ser contrarrestada con la intervención de los servicios sociales generales que trabajan en el ámbito municipal o con la implantación, claramente insuficiente, de los llamados programas de perinatales, que trabajan con núcleos familiares incluso antes del nacimiento de los menores.

Pero no se trata sólo de un problema que se resuelve con la mejora de los recursos y de las leyes, resulta imprescindible el compromiso de la ciudadanía. Me llama la atención, y creo que es una cuestión que se debería incluir en la cartera de asuntos a mejorar que tras hechos tan graves como los que han causado la muerte a un niño de dos años, se produzcan declaraciones de vecinos que dicen que era frecuente oír al niño llorar mucho. Sin duda, la implicación de la ciudadanía en la denuncia de estos casos resulta imprescindible y para ello las distintas administraciones deben esforzarse en el desarrollo de medidas de información y sensibilización que hagan posible la canalización de esas denuncias.

La existencia de protocolos y materiales técnicos no asegura su correcta aplicación. En muchas ocasiones, y aun existiendo protocolos muy desarrollados que pormenorizan los signos que deben hacer saltar las alarmas que pongan en marcha medidas de protección, los profesionales no somos suficientemente conocedores de los mismos ni estamos entrenados en su manejo. La formación continua de los profesionales debe ser otro de los asuntos que deberán incluirse en esa cartera de asuntos a mejorar.

La legislación en vigor nos permite hacer más cosas de las que actualmente se hacen. En la legislación actual existen mandatos que siguen sin ser cumplidos cuando ya han transcurrido tres años desde su vigencia. Me refiero a la obligación de las administraciones públicas de aprobar planes específicos de protección para menores de seis años o el desarrollo de medidas de prevención, intervención y seguimiento de las situaciones de posible riesgo prenatal.

Debemos huir de los grandes anuncios de cambio que sólo provocan la demora de las respuestas y comprometernos con la mejora de lo ya existente. Hechos tan graves como el ocurrido hace unos días nos causan tanto dolor que provocan, en cada uno de nosotros, la necesidad de posicionarnos, de dar nuestras soluciones, de aprovechar el momento para sacar a la luz reivindicaciones no atendidas o para hacer propuestas supuestamente innovadoras.

Bien al contrario, debemos afrontar el reto de analizar con la rigurosidad necesaria lo hecho hasta el momento, que es mucho, pero insuficiente y con demasiados altibajos propios de la falta de evaluación y planificación. Análisis que debe realizarse contando con la experiencia y buen hacer de los profesionales de los distintos ámbitos de atención a la infancia nunca suficientemente valorada ni tenida en cuenta. Análisis que debe ir dirigido a la mejora inmediata de los dispositivos ya existentes y a la implantación progresiva y ordenada de los recursos necesarios para eliminar la probabilidad de que vuelvan a ocurrir hechos como el que lamentablemente nos ocupa.