La preocupación de los valencianos por la corrupción ha descendido del 65 al 46,2 % en los dos últimos años, según se pone de manifiesto en la encuesta de opinión que los diarios Levante-EMV e Información ofrecen entre hoy domingo y el martes, una cita ya tradicional a las puertas del 9 d´Octubre. Aún así, esa inquietud permanece entre los cuatro primeros lugares de la lista, junto con el desempleo, la sanidad y la educación. No consta en esa relación de elementos turbadores la marcha de la televisión pública À Punt, a pesar de que a su directora general, Empar Marco, le parezca que el funcionamiento de sus emisoras de radio y TV es tan prioritario como la marcha de la atención pública a la salud y a la enseñanza a la hora de defender un incremento de presupuesto de 55 a 69 millones de euros para el pirulí de Burjassot. Es más, a la vista de que el 57 % de los encuestados por InvestGroup no ha visto aún la televisión autonómica, los responsables del organismo deberían plantearse en serio no cubrir las plazas que quedan todavía vacantes en la plantilla de casi 500 personas, como ha pedido Ciudadanos, y empezar a ahorrar dinero. Es cierto que el crecimiento del canal es cosa de tiempo, pero si se tienen en cuenta factores como la especial irrelevancia de la emisora en Alicante y el consumo preferente entre los hombres de 50 a 64 años es evidente que ni hay audiencia, ni hay publicidad ni se transita hacia un modelo ilusionante y multiplataforma que es el que se ha vendido, sino hacia una repetición de lo que fue Canal 9 en su última etapa, un agujero negro en lo económico y un cortijo en lo político.
La televisión pública será uno de los principales puntos de conflicto entre los socios del Consell del Botànic en la recta final de la legislatura. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha salido esta semana por vez primera en público a atajar las ínfulas de À Punt, afirmando que en la emisora tendrán que hacer más cosas con los mismos o menos medios, como en todas partes, y que la entidad tiene autonomía de funcionamiento pero el Consell es el que decide el marco presupuestario en función de las prioridades. Tendrán que hacer la mejor televisión pública posible con el dinero que tienen ahora asignado.
Sin embargo, la vicepresidenta Mónica Oltra opina que habrá acuerdo en lo económico con À Punt, deslizando que hay margen para una negociación a la que Puig se cierra. La tirantez se resolverá en los presupuestos, ahora en plena elaboración. Y será a cara de perro. Los consellers proponen sus planes y proyectos y luego se recorta con criterios de prioridades, pero también de partidos y de visibilidad. Dentro de unos meses, no se sabe cuántos, habrá elecciones autonómicas y los hoy socios en el Govern y Podemos, el aliado externo, se disputarán los mismos graneros de votos. Las puyas de hoy se tornarán lanzas. Que se lo digan a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo.
El presidente Puig no ha abandonado la idea de anticipar los comicios autonómicos, previstos para mayo de 2019, pero en público prefiere tranquilizar a sus compañeros de viaje, sobre todo de Compromís, señalando que de momento no se dan las circunstancias, que hay un gobierno estable y también un compromiso del Gobierno de España con los valencianos de cara a los presupuestos del Estado y a varios asuntos pendientes. Ese compromiso se hará visible este martes con la participación del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en los actos institucionales del 9 d´Octubre. Será la primera vez que un inquilino de la Moncloa se presenta en el día de la Comunitat Valenciana, y en eso comparten mérito Ximo Puig y el ministro de Fomento, el valenciano José Luis Ábalos, cuya apuesta por su tierra ya ha despertado recelos en el empresariado de Galicia, Asturias y Castilla-León, que promueve una alianza del Noroeste para contrarrestar el ¿avance? del área mediterránea.
Si hubo alguna posibilidad de que Puig anunciara el adelanto electoral durante el 9 d´Octubre, la presencia de Sánchez permite descartarla por ahora, pero no definitivamente. Los distintos sondeos reflejan un avance de los socialistas, un estancamiento de Compromís y retrocesos significativos de los populares y de Podemos, con Ciudadanos en una gráfica de ´montaña rusa´ en función de los acontecimientos en Cataluña. Y la estabilidad del Consell de Botànic, esa que se pretende preservar, es tan verdadera como aparente. Como escribía ayer en estas páginas el jefe de Política de Levante-EMV, Alfons García, el sabio Séneca tenía preceptos para todo y a Ximo Puig le ofrecía este: «Desconfía de la tranquilidad presente: el mar cambia en un momento».
Volviendo al principio, la corrupción ha retrocedido considerablemente como preocupación de los ciudadanos. La crisis económica, las reformas emprendidas para profundizar en la democracia y el multipartidismo instalado en todas las instituciones han generado un estado de transparencia que se ha erigido en un potente antídoto contra las prácticas ilegales, poco presentables o indecorosas. Lo sabe bien el ministro Pedro Duque, que ha estado a punto de tomar el mismo camino que sus compañeros Màxim Huerta y Carmen Montón por tener las viviendas familiares a nombre de sociedades, una práctica común entre los VIPs que tiene como principal objetivo ahorrar impuestos.
Este estado de transparencia y ver a los corruptos camino de la cárcel ha debido recortar la desconfianza de los ciudadanos en los gestores públicos. Al final va a tener razón Puig en lo que subraya una y otra vez, el cambio de paradigma. La Comunitat Valenciana ya no tiene la corrupción como principal escaparate. Ahora hay que ocuparse de todo lo demás y comparecer ante las urnas con hechos propios, y no con los del pasado.
