No hay ningún tema que concite más unanimidad entre los diputados y diputadas de las Corts que cuando se trata de subirse el sueldo. En ese punto se olvidan de colores, ideologías, banderas y discursos, siendo capaces de crear comisiones secretas e incluso vetar el acceso a los medios de comunicación, como denunció la semana pasada Levante-EMV, con tal de conseguir un suculento aumento con el menor ruido posible.

Los argumentos esgrimidos por los grupos parlamentarios que han impulsado esta subida salarial, que se cifra en el 1,75 % global para 2018, resultan del todo insostenibles. Así, pretender asimilar la situación de los funcionarios a la de los políticos, para justificar con ello una idéntica actualización de sus nóminas, resulta tan escandaloso, como si esa comparativa se realizara con los pensionistas.

Los empleados públicos, al igual que la mayoría de los españoles de clase media, fue de los colectivos que de una forma más intensa sufrió los efectos de la crisis. Recortes en la nómina del 5 % o congelaciones salariales se utilizaron por Zapatero y Rajoy para atajar el déficit público, mientras inyectaban millones de euros en el rescate a la banca.

En el polo opuesto se encuentra una clase política que ha vivido, y lo sigue haciendo, del privilegio y con sueldos muy elevados. Cualquier diputado raso de las Corts tiene como base fija la nada desdeñable cantidad de 28.326 euros anuales, eso sin contar complementos, portavocías, comisiones y otras gratuidades que van inherentes al cargo, y que en su conjunto, pueden llegar a duplicar esos importes. Dentro de ese despropósito, y tras analizar los datos publicados por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, nos volvemos a encontrar con un absoluto descontrol en el establecimiento de los sueldos de los políticos en las distintas administraciones. Por ejemplo, Joan Ribó es el tercer alcalde mejor pagado de España y con un sueldo mayor que el del presidente Pedro Sánchez, que también es superado por los alcaldes de Madrid, Barcelona y Bilbao, o duplicado por el presidente catalán, Quim Torra.

Cuando existen indicadores que auguran un retroceso con respecto a la crisis económica que hemos padecido los últimos diez años, sin embargo, la crisis política e institucional sigue lastrando nuestro país. Las corruptelas, clientelismos y privilegios del pasado siguen vigentes o han adquirido nuevas fórmulas. Por ello, es inmoral que los políticos quieran equipararse a los funcionarios a la hora de establecer su subida salarial, ya que cuando es el momento de apretarse el cinturón no lo hacen con la misma intensidad ni les afecta de igual modo en su poder adquisitivo real.