Cuando los grupos políticos redactan un programa de gobierno, digamos el del Botànic, el ciudadano espera que previamente hayan estudiado cómo llevarlo a cabo de una manera inteligente, sin que el resultado de su aplicación sea una simple ruptura.
El president decidió, y la antigua consellera de Sanitat ejecutó la recuperación a cualquier precio del Hospital de la Ribera. Un proceso al que seguirá el resto de hospitales «privatizados» por el PP, los cuales a medida que vayan finalizando sus concesiones dejaran de ser administrados por empresas ajenas a la Generalitat.
Los valencianos que en principio apoyábamos este movimiento, pensábamos que Carmen Montón sabría cómo ejecutar la operación. Hoy comprobamos que actuó de forma irresponsable sin haber estudiado las consecuencias de su metodología, algo políticamente más grave que haber recurrido al corrupto instituto de la Universidad Rey Juan Carlos, para obtener un título igualmente corrupto. Es el «legado Montón».
Esta semana hemos sabido que la Abogacía de la Generalitat ha desmontado los supuestos con los que trabajó el Consell para la reversión de La Ribera. Meses después de que el equipo de Puig se lanzara a la piscina, todo indica que el asunto se decidió sin el menor cuidado. Realmente lo que se hizo fue dotar a la Generalitat de un holding empresarial, que contratará a miles de trabajadores que habrán entrado «por la puerta de atrás» en lo público sin superar las pruebas a las que sí han de someterse los empleados públicos.
La primera decisión del equipo de Montón consistió en que la Generalitat asumiría la plantilla de Ribera Salud bajo la fórmula del contrato «indefinido no fijo». Tuvo que ser un antiguo ministro de Trabajo socialista quien señalara públicamente que esta figura laboral sólo podía darse por resolución judicial, esto es, era inviable si la decidía una Administración pública. Los jueces recurren a ella, cuando fallan a favor de un interino o contratado, despedido irregularmente, conscientes que no pueden exigir a una Administración que haga fijo a alguien que no ha superado la oposición o mecanismo que haya establecido para cada empleo público.
Cuando ya faltaban poco meses para la finalización del contrato con Ribera Salud, las mentes de la Conselleria de Sanitat optaron por otra figura laboral, proponiendo a los sindicatos cambiar los contratos de «indefinido no fijo» a «personal a extinguir» pensando que estas plazas podían amortizarse en poco tiempo, de forma que el hospital de Alzira estuviera atendido por personal estatutario, igual que el resto de hospitales del Servicio Valenciano de Salud.
Resulta realmente desmoralizador que varios meses después de haber tomado aquella decisión, llegue el análisis jurídico sobre las consecuencias de aquella decisión. Ahora hemos sabido que Montón primero disparó y luego el Consell preguntó. Se ignoraron las consecuencias de declarar sin más 'a extinguir' aquellas plazas, hasta entonces gestionadas por una empresa privada. Al pasar a una administración la gestión directa de servicios que antes eran concesiones o encomiendas de gestión, el trabajador puede permanecer en su puesto de trabajo hasta el final de su vida laboral en condiciones similares a las de los empleados públicos y ello a pesar de no haber superado ningún proceso de selección.
Los servicios jurídicos de la propia Generalitat informan que al ser plazas ocupadas por personal con la consideración de «a extinguir», que posee una situación jurídica «individualizada» que deviene de una sucesión de empresas-, no es posible sacar esas mismas plazas a concurso, sino otras de nueva creación. Nada sorprendente para un ciudadanos de a pie, pero sorpresivo para políticos poco responsables.
Por tanto, ningún trabajador está forzado a presentarse a un proceso de selección aunque se diga que es su plaza la que sale a concurso. Este personal procedente de empresas privadas puede consolidarse como empleado de una sociedad pública hasta el final de su vida laboral; cosa imposible para los actuales y futuros interinos y contratados.
Después de los 1.400 trabajadores del Hospital de la Ribera, en breve la Generalitat hará lo propio con el de las resonancias magnéticas de Erescanner. Aquella decisión va más allá de lo sanitario, ya que es actualidad la integración de los bomberos forestales que ahora dependen de Tragsa o el personal de las residencias concertadas, cuya gestión puede ser asumida directamente por el Consell, lo que puede suponer otros 3.000 trabajadores con contratos con la equivoca calificación de «a extinguir».
La defensa del Estado de Bienestar pasa por crear una Administración solvente, homogénea y lo más racional posible. El paso de Carmen Montón por el sistema laboral público ha destrozado la racionalidad laboral, parece como si Ribera Salud se hubiera tomado su venganza, sin hacer esfuerzo alguno, comprobando como la propia Generalitat al querer resolver su problema de reversión de la sanidad gestionado por una empresa privada, lo que ha conseguido es enredar su propia arquitectura de servicio público. Para que no se deteriore aún más la situación es urgente que el Consell defina de forma integral y unitaria la regulación del procedimiento de acceso al empleo público.
Tras el «legado Monton», soportado en su día por el president y por el resto del Consell, es puro sentido común afrontar con claridad el papel del personal laboral con la condición de «a extinguir». El «problema Alzira» ha mutado en otro, menos ideológico pero más complejo: el Consell carece de una forma integral y unitaria para la regulación del procedimiento de acceso al empleo público.
¿Cómo es posible que el Consell cayera en la trampa semántica del «a extinguir»? Sería de desear alguna explicación, ya que sin ella lo que queda es la irresponsabilidad por motivos ideológicos, un argumento este último que da por bueno que un cambio de gobierno en València suponga el cambio de personas en puestos que deberían ser estrictamente técnicos. Así estamos.
