La tasa de temporalidad en las administraciones locales está en el 30 % según los expertos y estudios realizados, lo que supone en las administraciones valencianas que ronda los más de 15.000 afectados (personal interino y laboral temporal). Esta realidad que se ha visto acentuada en los años de crisis, entre 2008 y 2016, estuvo detrás de los Acuerdos de Madrid, firmados para alcanzar una reducción razonable de la precariedad en el empleo local y reflejados en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018 y cuyo objetivo es reducir la temporalidad al 8% en un periodo de cuatro años.
Durante 2017 sólo se aprobaron ofertas de empleo público en 129 entidades locales lo que supuso tan sólo el 21 % del sector y un total de 1.619 plazas. Oferta pendiente de realizar en un gran número de casos y en lo que llevamos de 2018, a poco de vencer el año, tan sólo 66 entidades locales han aprobado sus ofertas, suponiendo un 10,8% del sector y un volumen de 757 plazas. La totalidad de las plazas ofertadas representan apenas el 16 % de las plazas ocupadas con carácter temporal en las entidades locales.
Esta realidad parece demostrar una falta de interés por acabar con esta situación precaria que se ha venido arrastrando e incrementando en los últimos años, en los que los recortes y las prohibiciones legales de cubrir vacantes llevaban a las entidades locales a sortear la falta de personal fijo y estable mediante la contratación precaria en muchos casos fuera del capítulo primero presupuestario de personal. El plazo para alcanzar los compromisos adquiridos finalizará en 2021 y de no asumirse la importancia que tienen estos acuerdos para la estabilidad y calidad del servicio público, no se alcanzará el resultado deseado.
La FVMP y la Dirección General de la Administración Local deberían tomarse muy en serio esta situación y fijar como objetivo persuadir a las administraciones locales de la obligación de cumplir los acuerdos pactados que se reflejan en las leyes de presupuestos.
