Abandonad toda esperanza. Es frecuente el empleo de esta hermosa frase de la Divina Comedia de Dante Alighieri en la antesala del infierno. Recientemente, en el debate sobre política general del Parlament catalán -una sesión extraordinaria, por infrecuente- Quim Torra advertía con solemnidad a sus adversarios de que abandonasen toda esperanza de dividir al independentismo. La invocación dantesca allí proferida no era tan solo una paráfrasis culta, sino una triste alegoría de la situación infernal de la Cámara que ha perdido su razón de ser. En medio del clamoroso sometimiento al dictado de Carles Puigdemont por persona interpuesta, Torra, el testaferro, llama a la desobediencia, incita al desacato y apela al derecho de autodeterminación como eje de su (in)acción de gobierno, aunque se muere de ganas de abrazar a Puigdemont en el Parlament.
Durante demasiado tiempo, aquel hemiciclo ha sido testigo de la reiterativa vulneración de la legalidad arengada desde la presidencia so pretexto de cumplir un mandato popular tan fantástico como falso. La impostura se ha adueñado de la institución y la comedia ha encontrado un marco idóneo de lucimiento, aunque el pasatiempo está siendo oneroso para el espectador e inasumible para el Estado.
Días antes de la proclama altisonante del presidente de la Generalitat, la mayoría independentista se resquebrajaba en una votación sobre la proclamación del derecho de autodeterminación y la reprobación del rey. Ambas propuestas no prosperaron inicialmente, no por disenso en el fondo -las formaciones secesionistas son plenamente coincidentes en estos asuntos- sino por no alcanzar la mayoría suficiente que cuarenta y ocho horas más tarde sí se ha logrado.
En todo caso, subyace el problema de la suspensión en el ejercicio de sus funciones de los diputados procesados como disponía el auto del juez Pablo Llarena. El propio magistrado había sugerido la sustitución de Puigdemont y del resto de los imputados para no alterar la composición del Parlament y mantener la mayoría existente. Pero no conforme con ello, y para hacer gala del desacato, la lista del expresidente se negó a nombrar sustitutos y mantuvo la delegación de voto hecha el pasado mes de mayo, apelando a que el pleno había declarado la no suspensión de estos diputados, en contra de la disposición judicial mencionada.
Además, el informe de los letrados de la Cámara sobre la imposibilidad de delegar el voto de los encarcelados y huidos, y el riesgo de anular las votaciones en las que se computasen, colocaba al presidente del Parlamento al borde del precipicio. Por el momento, se muestra cauto. Roger Torrent ya no podrá alegar impericia o desconocimiento del Derecho para exculpar la tropelía jurídica, argumento patético e indigno de quienes ocupan cargos institucionales relevantes, pero tan recurrentemente utilizado por los secesionistas en sede judicial. Conviene recordar, aunque es sabido, que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Así, el presidente Torrent se ha quedado solo ante el dilema de acatar las resoluciones judiciales, apoyándose en los informes jurídicos de los propios letrados de la Cámara, o emprender la senda del encarcelamiento tras los pasos de Carme Forcadell.
Así las cosas, se vislumbra el horizonte electoral como la única salida viable a la parálisis del Parlament, aunque también se alzan voces a favor de una moción de censura que, aunque no prosperase, tendría la virtualidad de hacer cobrar vida parlamentaria a un hemiciclo inoperante. Tal vez convendría no conformarse con la situación y no abandonar la esperanza de defender en el lugar idóneo los postulados disconformes con el ideario secesionista hegemónico. En caso contrario, Torra, hombre de probada erudición, verbo cálido y pluma lacerante, podrá abocar impunemente a la desesperanza colectiva recurriendo al idioma de Dante pues, aunque versado en lenguas, la de Cervantes está asimilada a su entender a la de las bestias, y así repetirá sin sonrojo «lasciare ogni speranza».
