Anda la gente con el alma en un puño. Y ya no es por la turra de Quim Torra y sus turiferarios, ni por la bronca (y las que vendrán) de los presupuestos, ni por las hispanidades (¡Tierra!, gritó Rodrigo de Triana el 12 de octubre de 1492) de Pablo Casado, ni por las prostitutas desconcertadas de Dolors Monserrat, ni por los inmuebles de Isabel Celaá, ni por los másteres y tesis de tantos y tantos, ni por la prescripción de delitos que uno cree que no tendrían que prescribir nunca... No, ahora el desconcierto y la incertidumbre nos vienen por vía judicial, por un «donde dije digo digo Diego» que tiene en vilo a ocho millones de personas, a los bancos (que no son personas aunque, a veces, nos hablen al oído) y a la economía en general.
Y todo por una simpleza sin mayor relieve: el Tribunal Supremo (o sea, Yo el Supremo, como en la obra maestra de Augusto Roa Bastos) ha tomado en poco tiempo tres decisiones que están volviendo turulato al personal. De hecho, ya hay colas enormes en las consultas de psiquiatría y se teme que la plaga vaya en aumento. Resulta que una sentencia estableció que los actos jurídicos documentados (AJD), lo que se paga al notario y demás papeleos, tenían que abonarlos los clientes, es decir usted y yo si suscribimos con el banco una hipoteca. Y así se venía haciendo desde que el mundo (de las perras) es mundo (normalito). Hasta aquí es fácil de entender, pese a que uno pueda no estar de acuerdo.
Pero el pasado jueves saltó la bomba. A media mañana el Supremo decía ahora que el pago de los AJD de las hipotecas correspondía a los bancos. La que se lió fue parda. Todo quisqui a calcular, a contar hasta con los dedos lo que le tenían que devolver o se iba a ahorrar; los líderes políticos, a intentar valorar; los especialistas, a dar explicaciones e intuir repercusiones; los gabinetes de los bancos a buscar salidas y, patapúm, la bolsa española que se desploma y el Sabadell, el Santander, el BBVA, Bankiter, Caixabank y Bankia que caen en picado y pierden en unas horas la friolera de seis mil millones de euros.
Y tras el bombazo, las dudas, los atajos y el yo no he sido. ¿Quién tenía que devolver y a quienes la pasta? A más de un experto le oí decir que las reclamaciones había que hacerlas a la comunidad autónoma, que es la que cobró puesto que ese impuesto está trasferido. Y después, que la Hacienda autonómica se lo reclamara al banco ya que éste es, según la sentencia del Supremo, quien tiene que apoquinar. Más preguntas: ¿tienen todos derecho a la devolución o solo de determinada fecha en adelante?, ¿se aplica el carácter retroactivo sin más o hay que reclamar? Eran tantos los interrogantes que no conseguí aclararme ni oyendo diez o doce tertulias ni aprendiéndome de memoria las declaraciones de expertos. Me quedé con la mosca tras la oreja: si no está tan claro, me da a mí que la banca no va a perder; sería la primera vez.
Andaba todo el orbe cabalgando en la incertidumbre cuando, otro ¡patapúm!, don Luis María Díez-Picazo, presidente de la Sala de lo Contencioso del Supremo, ordenó, en uso de sus atribuciones, frenar los recursos pendientes y que no se aplique la jurisprudencia anterior, es decir la que cargaba en los bancos el coste. El asunto tendrá que solventarlo el pleno de la citada sala, con 31 magistrados, y no solo los seis que dictaron la sentencia del viernes. Díez-Picazo se queja de que no fue informado del fallo y alega que el problema tiene una gran repercusión económica y hay que volver a analizarlo. Los bancos recuperaron bastante de lo que habían perdido. Algo es algo.
Y en esas estamos, a verlas venir. No se sabe ni quién tiene que pagar, ni quién puede reclamar, ni si después de la tormenta se aclarará algún aspecto, ni si el pleno de la Sala dará la razón a la primera sentencia, a la segunda o a ninguna. Para volverse locos.
Y, en medio, ocho millones de ciudadanos y muchos millones en juego. ¿Los pagarán los bancos, que ya amenazan con subir las tarifas para equilibrar gastos?, No sé, no sé. ¿Ustedes que creen?
