La sanidad pública no se defiende con grandes declaraciones sino con una gestión diaria eficiente que optimice los recursos que democráticamente asignamos a ella. Hasta ahora hemos decidido que sean las comunidades autónomas (CC AA) quienes la gestionen y en la Comunitat Valenciana no hemos tenido mucha suerte.
Hoy sufrimos los efectos de borracheras políticas que empezaron con privatizaciones descontroladas en la época de Eduardo Zaplana, y están culminando con los procedimientos para las reversiones a ultranza que estamos viviendo. Son muchas las decisiones tomadas por los diversos equipos que han pasado por el Consell que han acabado costando mucho dinero a los valencianos. Un inútil camino de ida y vuelta que pone en peligro la sanidad de todos, posiblemente el mejor reflejo de nuestro estado del bienestar, que hoy necesita más sentido común y menos actores partidarios.
Hace quince días hablábamos del envenenado legado que la exministra y exconsellera Carmen Montón nos había legado con su irresponsable forma de resolver la reversión de Ribera Salud a la Generalitat Valenciana (GV) recurriendo a la figura laboral de personal a extinguir. Una especie de sofisma administrativo que permite que un antiguo trabajador de una empresa privada, ocupe indefinidamente una plaza sin superar prueba alguna.
El Consell, en su ineficiente ingenuidad ideológica, pensó que resolvía las impresentables decisiones del PP, pero no midió las consecuencias de su decisión:
a) Mientras este personal a extinguir está seguro en su actual puesto de trabajo, el funcionario interino (contratado en los términos del Estatuto Básico del Empleado Público, incluso el de larga duración) puede ver como su plaza es objeto de convocatoria pública, con el riesgo de ser privado de su empleo si no supera el proceso selectivo establecido al efecto. Obviamente la reacción de los interinos, pidiendo igualdad de trato está preparándose. Un conflicto que, más pronto que tarde, se hará sentir.
b) Como consecuencia de tener que respetar el convenio colectivo del Hospital de Alzira, incluso teniendo en cuenta las diferencias de los conceptos salariales entre privados y públicos, los trabajadores del resto de hospitales acaban recibiendo retribuciones menores que las que otorga el convenio colectivo a sus colegas de Alzira, lo cual va a tener los respectivos efectos, aunque muchos sindicatos apoyaran en su día las decisiones de Montón.
c) A pesar de que la reversión de Alzira está citada en la ley de acompañamiento de los actuales Presupuestos de 2018, el Consell Jurídic Consultiu (CJC) acaba de insistir por su inexistencia, todo acuerdo de reversión debe acompañarse de informes que acrediten la viabilidad económica de la incorporación de ese personal en el sector público, asi como el cumplimiento de la normativa estatal sobre deuda y déficit y el control del gasto público. Esto, además de ser una reconvención muy seria para el Consell, le quita autoridad moral a la hora de expresar su constante queja de falta de financiación autonómica.
d) Con la declaración de que a medida que finalicen los contratos del resto de hospitales públicos de gestión privada, el Consell va a proceder con las misma metodología que la adoptada para el caso de Alzira, la tentación para los responsables de estos hospitales de contratar a personas cercanas a ellos y de incrementar los sueldos en los inmediatos convenios colectivos, son irresistibles. No en vano saben que en su momento la GV se tendrá que quedar la totalidad de la plantilla con los sueldos que figuren en sus correspondientes convenios. Ya se sabe que la carne es débil, mucho más si es dinero público el que afronta estos pecaditos.
e) A juicio del CJC las decisiones legislativas que pueda tomar la GV puede sobrepasar sus competencias, ya que reconociendo su potestad para optar por una gestión directa o indirecta de los servicios públicos, la ausencia de una «adecuada y objetiva» justificación de la reversión de los mismos -si se procede a ella de manera generalizada- puede dar lugar al no cumplimiento de principios básicos. En ningún caso una legislación autonómica puede ir más allá?.
f) Como es conocido al hacerse cargo de la gestión, el 1 de abril la conselleria procedió al despido de 14 directores y mandos intermedios, en busca de una razonable coherencia del nuevo equipo. Por razones que no son del caso, nos encontramos con que las decisiones judiciales de los correspondientes recursos están llevando a una duplicación de determinados puestos de trabajo. Como ocurrió cuando el PP trató de imponer la jubilación a los 65 años, la baja profesionalidad de los servicios jurídico-políticos de la Conselleria hace que miles de euros se usen para pagar sus ineficacias. En una empresa privada ya estarían en la calle, pero la condición de funcionario o de político les libra de toda responsabilidad.
Etcétera.
Esta relación, mutatis mutandis vale para el resto de reversiones que están en cartera, por mucho que la vicepresidenta Mónica Oltra insista que el caso de sus residencias sea distinto, aunque hoy hablamos de sanidad. La insolvencia de Montón y de su equipo hacen que el miércoles el Consell tenga un problema a resolver; debe presentar unos presupuestos cuya Ley de Acompañamiento, en materia de reversiones, ha sido duramente criticada. Quien tiene la legítima autoridad de actuar en defensa de la sanidad pública debe ponerse en marcha y en ello hay que confiar. Quizás una empresa mixta público-privada controlada por mayoría por la Generalitat, que además afronte las próximas reversiones. Una solución a meditar, para una borrachera autonómica crónica que ahora debemos controlar.
¿Cuánto dinero pondría la parte privada? La pregunta no es inocente.
