31 de octubre de 2018
31.10.2018

Agenda social sí, pero no solo

31.10.2018 | 22:06
Agenda social sí, pero no solo

El Gobierno está intentando llevar a cabo una agenda social que brillaba por su ausencia con Mariano Rajoy, a pesar de los extraños pactos que le apoyaron en la moción de censura, y a los procedimientos que se utilizan para legislar. Una de las claves para entender la emergencia del populismo en España ha sido el abandono de los más necesitados por los Gobiernos de Zapatero y Rajoy, de manera que el modo (aunque no únicamente) de erradicar o frenar el populismo, una de las plagas de nuestro tiempo, es situar en el centro de las políticas públicas la política social. No es fácil comprender que en la larga crisis económico financiera, en que la deuda pública se incrementaba en unos cien mil millones de euros anualmente, no se pudieran encajar gastos sociales, de no más de dos mil millones de euros, para evitar situaciones indignas de pobreza. Así lo destacamos en un artículo publicado en este diario con el título ¡Basta ya!, pues los motivos de indignación eran más que sobrados. Es cierto que durante la crisis se mantuvo un nivel estimable en los servicios públicos sanitarios y educativos, pero no fue suficiente.

Desde principios de junio de 2018 hemos podido comprobar que cada viernes el Consejo de Ministros, presidido por Pedro Sánchez, ha adoptado, o anunciado, medidas dirigidas a los más afectados por la crisis económico-financiera. Un ejemplo serían las acordadas en el ámbito del Ministerio para la Transición Ecológica. Pero la propia ministra ha indicado que una reforma más profunda del sector de la energía, en particular el subsector eléctrico, no es tarea de días, semanas o meses. Hay que abordar dicho asunto teniendo en cuenta todos los intereses en juego en un marco no solo nacional sino internacional. Bien están las medidas programadas, cuya realización todavía no es segura, pero es evidente que no son suficientes para modernizar un sector estratégico de caracteres transversales: uno de los pocos que afectan desde a las personas con menos ingresos hasta a las grandes multinacionales.

Que el Gobierno tenga una agenda social es adecuado, es imprescindible, pero debe ajustarse a las previsiones y compromisos europeos. Y, sobre todo, no debe producir distorsiones en el mercado de trabajo, pues sería dramático que medidas poco aquilatadas produjeran lo contrario de lo que pretenden; que no debe ser otra cosa que una sociedad más justa que tienda al pleno empleo y a una mayor productividad. Además, debe revisarse la idea de que lo único que debe hacerse en los sectores públicos que integran el Estado de bienestar (el sanitario, el educativo o el sistema de pensiones) es incrementar su financiación para que mejoren sus prestaciones. Tan importante es garantizar una financiación adecuada como afrontar una reorganización de dichos sectores públicos, lo que por lo general queda siempre en el fondo de las agendas de los gobiernos. Las Administraciones públicas no se están reorganizando para ser más eficaces y eficientes en un contexto nacional e internacional en que la incorporación de nuevas técnicas organizativas es imprescindible para ser motor del progreso.

Pero no es suficiente que el Gobierno tenga una agenda social, es necesario que tenga también una agenda económica orientada a la creación de riqueza. Pues debemos aspirar a repartir la riqueza y no la pobreza; como sucede en las latitudes populistas. La política económica del Gobierno no puede reducirse a una política fiscal o, mejor dicho, al anuncio de una política fiscal que produzca incertidumbre, y que tiene mucho de populismo que alarma no solo a empresas y ciudadanos españoles, sino también a los posibles inversores europeos y extranjeros.
No se puede jugar con los temas impositivos. Los empresarios, los inversores en general, tienen un especial olfato para detectar escenarios económicos inseguros. Hemos visto como han huido de Cataluña más de 4000 empresas ante el clima de inseguridad creado por los independentistas, y debe evitarse que lo ocurrido en Cataluña se reproduzca a nivel nacional, de manera que los inversores consideren que la seguridad jurídica no esta garantizada en España.

Los ministros económicos, y en especial la titular de Economía, Nadia Calviño, tiene que transmitir seguridad derivada de hechos de gobierno claros y contundentes, pues de nada sirven palabras pausadas y cabales, aunque sean de agradecer, si no se observa coordinación entre los ministerios económicos; si sus titulares se contradicen, o si sus declaraciones se prestan a interpretaciones contradictorias. La seguridad se transmite mediante medidas económicas. ¿Dónde están esas medidas económicas de impulso de la economía española? Lo cierto es que resulta difícil localizarlas en la actividad legislativa del Gobierno. En los más de una decena de decretos leyes dictados en poco más de cien días no se puede localizar ni una sola disposición de impulso de la economía. Y tampoco se pueden deducir del anticipo de los presupuestos generales del Estado, que se pretenden llevar a las Cortes; medidas en las que los empresarios perciban que el Gobierno reconoce su papel en el desarrollo económico, en la creación de la riqueza. Los movimientos de los últimos tiempos de algunas empresas multinacionales comienzan a ser preocupantes.

¿Acaso cree el Gobierno que las alianzas con sus socios parlamentarios tranquilizan a los inversores extranjeros? No nos cabe duda de que el socio principal del Ejecutivo, Podemos, no tiene agenda económica solvente. Dicho partido político sigue pensando que la riqueza crece en los arboles y que en la creación de la misma no intervienen los empresarios a los que consideran una especie de parásitos a los que hay que erradicar de nuestra sociedad. Pero no podemos aceptar que un partido socialdemócrata, como el PSOE, no disponga de una potente agenda económica que tenga como finalidad el crecimiento de nuestra economía: incorporando a nuestro modelo las nuevas tecnologías, fortaleciendo los sectores en que las empresas españolas ocupan posiciones relevantes y, sin duda, impulsando sectores económicos prácticamente inexplorados.

La sociedad española está demostrando un nivel de madurez considerable, porque la creciente inestabilidad política no parece preocuparle en exceso. Pero nos preocupa que, cada vez más, se produzca un distanciamiento entre la clase política, enredada en disputas permanentes que poco tienen que ver con el bienestar de los ciudadanos, y la sociedad española. Cada vez parece que nos aproximamos más a Italia como modelo en el que, desde hace décadas, prácticamente desde después de la segunda Guerra Mundial, sociedad e instituciones políticas parece que no hablan la misma lengua ni parecen tener las mismas preocupaciones. Esa no es la sociedad democrática a la que aspiramos.

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