Venía insinuándose durante los últimos días y se confirmó el viernes: finalmente, la Abogacía del Estado (dependiente del Ministerio de Justicia) se alejó de los criterios de la Fiscalía y acusó de sedición y malversación, y no de rebelión, a los líderes secesionistas catalanes. A nadie escapa que la decisión es de carácter político. Falta saber si servirá para su objetivo: conseguir que los 17 diputados independentistas del Congreso consideren este gesto del Gobierno Sánchez como un factor suficiente para facilitar la aprobación de los Presupuestos del Estado.
A tenor de las primeras reacciones (por ejemplo, la del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que lo calificaba de «intolerable e inaceptable»), podría parecer que no y que nos acercamos a un fin abrupto de la legislatura (ya que Pedro Sánchez condicionó la misma a la aprobación de las cuentas públicas). Pero, en realidad, la estrategia de todos los actores implicados indica que el precario Ejecutivo socialista seguirá aguantando.
Una de las razones es que un adelanto electoral podría abrir las puertas a una mayoría absoluta a las tres fuerzas de centroderecha y ultraderecha (PP, Ciudadanos y Vox), algo que no interesa ni al Gobierno ni a los sectores moderados del independentismo (encarnados en Esquerra Republicana). Pero incluso el sector aparentemente más radicalizado (liderado por el expresident Carles Puigdemont) tampoco quiere comicios, puesto que necesita tiempo para consolidar su nuevo artefacto electoral, la Crida per la República. Además, el fragmentado separatismo coincide en una cosa: en esperar a una hipotética dura condena del Supremo contra los líderes encarcelados y aprovechar la probable ola de indignación posterior en Cataluña para, entonces sí, convocar elecciones autonómicas. Así que Sánchez estará tranquilo unos meses más.
