Las peticiones de condena para los responsables del referéndum ilegal del 1 de octubre parecen una subasta: donde el abogado del Estado dice doce años, llega el fiscal y se pide 25. Pero eso le parece liviandad a Vox, que reclama 60 ó 70 años de cárcel, no recuerdo exactamente. Esta facilidad para la puja más que a una subasta de Sotheby´s me recuerda a Ramonet, el charlatán de los mercadillos que te inundaba de bienes por veinte duros.
Veamos. Si convocar y celebrar el segundo referéndum ilegal es tan grave, no sé que hacen sueltos, todos los que organizaron el primero, en concreto Artur Mas, y no lo digo para darles ideas a los que ya andan pensando en el garrote vil.
En cualquier sistema legal hay cosas muy fáciles, como condenar el robo (que no organice un banco) o el homicidio (que no se substancie en la persona de un enemigo, en cuyo caso computa como mérito). A partir de ahí todo son complicaciones. Insisto, ¿cuál es la sanción penal que se ajusta a la bobada de creer que uno puede decidir por su cuenta la pertenencia a un estado o crear otro nuevo sin tener la sartén por el mango? No lo sé, nunca he querido ser jurista de entre las muchas cosas que he deseado.
Pese a mi ignorancia, creo que la Constitución no permite celebrar un referéndum de independencia en Cataluña o en Fresnedilla de la Sierra, un referéndum que ya tiene Nueva Caledonia, la patria de los canacos allá en el Pacífico francés, con lo jacobinos que son. Pero no los catalanes o catalufos, serán otra tribu.
La principal tarea de un político no es velar por la Constitución, eso se da por supuesto, sino encontrar remedio a los males y no empeorarlos: los edificios más resistentes a los terremotos no son los más robustos, sino los más flexibles. Enuncio esta muestra de sabiduría, probablemente china, pero creo que debería de decir algo más: desde la monarquía de derecho divino hasta la Constitución del 78, nuestra derecha siempre se ha movido en el circuito cerrado del inmovilismo, invoque la gracia de Dios o la soberanía nacional, tanto da.
