05 de noviembre de 2018
05.11.2018

Refundación

05.11.2018 | 21:06
Refundación

La barbaridad se ha consumado. La derecha del Estado se ha empeñado en hacer independiente a Cataluña y con perseverancia y constancia lo logrará. En esto, sus representantes judiciales cooperan con los políticos codo a codo. Durante mucho tiempo, su inoperancia, que esconde la incapacidad de comprender la lógica democrática, cometió la injusticia política de no atender unas reclamaciones que cualquiera que conociese la vértebra profunda de la historia catalana habría considerado inevitables. En el 1 de octubre de hace un año esa misma derecha política demostró no tener a su disposición más que las fuerzas de orden público para enfrentarse a un problema histórico. Así añadió a la injusticia política la ofensa de una violencia estatal estéril. Ahora, las mismas fuerzas instaladas en la judicatura y en el ministerio fiscal cometen además una injusticia penal, que obligará a considerar los hechos desde el punto de vista cercano a la moral. Ahora proliferarán las valoraciones de las calificaciones fiscales contra los líderes catalanes como escarmiento, mano dura o ensañamiento, y se ensalzará a los implicados como mártires.
Lo que sucedió aquellos días de octubre de 2017 podría ser descrito como sigue por un observador suficientemente imparcial. Una buena parte de la sociedad catalana quiere que se le pregunte con claridad y con garantías si desea seguir vinculada al Estado español. El Estado responde que de ningún modo. Esa misma parte de la sociedad catalana, con sus líderes instalados en el poder legislativo y ejecutivo catalán, desobedecen al Estado y organizan un referéndum ilegal. Como era de prever, lo ganan. La consecuencia de este hecho es que proclaman simbólicamente la república catalana. Desde luego que violan la legalidad para hacer esa proclamación. Sin embargo, no retiran la bandera española de las instituciones, no legislan nada consecuente con esa proclamación, no producen derecho nuevo y obedecen cuando son llamados por los jueces, o cuando su Gobierno es disuelto por el artículo 155. Todas estas actuaciones se llevan a cabo sin que se dispare un arma, sin que haya un herido, sin que una fuerza pública diferente de la estatal tome la calle.

Hasta un ciego podría ver que lo que se quiere conseguir con todo esto es lo siguiente: mientras que no se le permita al pueblo catalán hablar de otra manera, ellos darán por bueno ese referéndum y esa proclamación. Son actos que el Estado español no reconocerá, pero mientras tanto son los únicos actos que esa parte de la sociedad catalana reconoce. La estrategia es muy clara: en el largo plazo, algún día, el Estado tendrá que ofrecer una solución democrática al problema catalán. Para ese día, este antecedente se hará valer. Sólo otro referéndum semejante podrá derogar esta república virtual. Hablamos de una fundación mítica que quedará ahí, hibernando, como aquellos viejos derechos dinásticos que se mantenían generación tras generación, esperando una oportunidad histórica de realizarlos o de obtener ventajas en una negociación a cambio de renunciar a ellos.

La derecha del Estado juega también a ese largo plazo. Espera que algún día un poder no independentista se instale en la plaza de Sant Jaume y declare nulos y sin valor todos aquellos actos simbólicos. Mientras tanto, espera que poco a poco se desmoralicen los que necesitan algo más que símbolos para vivir. Pero es igual. Los independentistas mantendrán el horizonte de la república catalana y se negarán a considerar como vinculantes las normas estatutarias, porque esa situación ha sido superada desde los días del 1-O. Lo que se generó aquel día fue para ellos un referéndum de autodeterminación, y no será posible ningún referéndum futuro sin que tenga el del 1 de octubre como su comparativo. Esto bloquea toda posibilidad de llamar a las urnas al pueblo catalán en referéndum sin que en un lado de la papeleta no se exprese de nuevo algo parecido a la pregunta del 1-O. Eso es lo que se ha conseguido hasta ahora: bloquear cualquier referéndum democrático en Cataluña. Quienes mantengan la llama de aquellos días volverán a pedir en esa ocasión, cualquiera que sea su pregunta real (un nuevo Estatuto, por ejemplo), que se vuelva a expresar el deseo de no pertenecer al Estado español.

Así las cosas, la voluntad de escarmentar a los políticos que desobedecieron aquel 1-O y los días sucesivos es completamente estéril. Todo lo que se tenía que hacer ya se ha hecho. Para mantener la estrategia que he descrito, esas actuaciones tenían que suceder solo una vez. Quedarán ahí, en el corazón herido de millones de catalanes definitivamente indispuestos con el Estado. Y cuanto más años estén en la cárcel esos mismos políticos, más profunda será la herida, más potencia mítica alcanzará su sacrificio, más alimentará los símbolos ya forjados, más honda será la sima que nos separe de ellos y más dura será una negociación que, finalmente, se ponga lo que se ponga en el otro lado del platillo, en este lado tendrá que decir: independencia.

Y mientras tanto, los que han generado esta locura sólo dan señales que nos dejan helados. Pues si ahora se hiciera una encuesta a ciudadanos europeos medios, moderados, demócratas y razonables, acerca de si quisieran pertenecer a un Estado en el que sus partidos conservadores siguen defendiendo que un dictador sea enterrado en un lugar público prominente; un Estado en el que su Iglesia no es capaz de decir con claridad, para que todo el mundo lo entienda, que no quiere que ese dictador esté enterrado con los honores propios de sus hijos más queridos en su iglesia catedral; un Estado en el que se tolera una fundación destinada a ensalzar la obra tiránica de ese dictador y que se le apoya con fondos públicos; un Estado en el que la familia de ese dictador se permite decir que, al exhumar su cadáver de su tumba faraónica, se hiere a la mitad de España, y que ningún político la desmienta; si se les preguntara, digo, estoy seguro de que muchos ciudadanos dirían que quizá ese Estado tiene un problema en su raíz y fundación.

Un problema de origen que no carece de relevancia para tratar los problemas del presente de una sociedad hastiada y cansada. Porque tendría que ser muy persuasivo quien pretendiera demostrar que ese defecto de la fundación no tiene nada que ver con lo que hemos conocido estos días: que una alta dirigente de un partido conservador llama a su sede a un policía en activo y le extrae información a cambio de pagos, aunque estos no podían ser cuantiosos porque, según confiesan los contratantes de los servicios, están «pelados». Muy persuasivo tendría que ser quien pretendiera demostrar que estas prácticas –pagar a policías corruptos para deshacerse de pruebas criminales y para, de camino, investigar a enemigos políticos– no tienen nada que ver con el franquismo básico de una élite política que demuestra no disponer de un espíritu democrático, ni de un espíritu de servicio público, ni desde luego de una mínima dignidad.

Y cuando esto sale a la luz, los jóvenes de ese mismo partido, que no tienen por qué convertirse en cómplices de esas bochornosas actuaciones, se elevan a encubridores con una desfachatez vergonzosa y se atreven a decir que no ven problema alguno en esas acciones, y que Cospedal ha alcanzado el rotundo mérito de decir la verdad. Decir la verdad en este caso, señores dirigentes actuales del PP, es reconocer que allí se estaban cometiendo por lo menos cuatro delitos: espionaje indebido, destrucción de pruebas, obstrucción a la justicia e inducción a la corrupción de un funcionario público. Si a un ciudadano decente se le pidiera su opinión acerca de si quiere pertenecer a este Estado, que tras casi veinte años no se ha quitado de encima esta lepra, es fácil suponer que prefiriese una refundación del mismo.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook