07 de noviembre de 2018
07.11.2018

Por el control y gestión pública del sector eléctrico

07.11.2018 | 21:13
Por el control y gestión pública del sector eléctrico

Una de las máximas preocupaciones para la ciudadanía y los consumidores es la repetida y constante subida del precio de la luz, que amenaza con quedarse hasta el fin de nuestros días. No es un tema baladí: el coste del recibo se ha disparado un 21,3 % en los primeros días de septiembre, respecto a 2017, según las cifras de la Comisión Nacional de los Mercados de Competencia.

A todo ello ha de añadirse que el 8 de octubre culminó el plazo para que las personas contratistas que estaban acogidas al bono social eléctrico, y las nuevas que reúnan los requisitos, pudieran solicitar su adhesión al renovado sistemas de descuentos en la factura de la luz. Hasta ahora se calcula que 700.000 usuarios y usuarias han logrado acceder a estos beneficios, pero hay que resaltar que la tramitación de los mismos se realiza por las propias compañías eléctricas, que han ralentizando y obstaculizando premeditadamente todas las diligencias. Lejos, muy lejos de los 6,8 millones de personas, el 15 % de la población, que están sufriendo temperaturas inadecuadas en la vivienda o retraso en el pago de los recibos, según se desprende de los estudios de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) y del millón y medio de personas que entre 2016/2017 han sufrido algún tipo de corte de suministro eléctrico en su hogar (2% de la población).

De una forma u otra, hemos denunciado ante la Administración que el suministro eléctrico a los hogares no tiene la consideración de servicio público esencial al que tenga derecho toda la ciudadanía, por lo que la escalada de precios de los últimos años, a la que han venido a sumarse los efectos de la crisis económica, ha tenido como resultado que la pobreza energética esté afectando en estos momentos a más de millón y medio de hogares. Hemos denunciado la falta de planificación energética derivada por la renuncia en la ley 54/97 a las competencias de planificación por parte del Estado de las instalaciones de generación y que la posición dominante de las grandes empresas eléctricas ha supuesto un reforzamiento del poder oligopolista, que limita, coarta y cercena la creación de empresas generadoras y comercializadoras. Hemos denunciado la opacidad e injusto tipo de mercado mayorista a coste marginal: un sistema donde se retribuye a todas las energías en función del precio de la más costosa de producir y no de sus costes reales. Un sistema incompatible con la competencia real.

Pero, además, hemos propuesto que las comercializadoras de referencia y las distribuidoras estén sometidas al arbitraje de consumo por ser entidades que prestan un servicio básico y fundamental y por contar con un monopolio natural al que no pueden acceder otras distribuidoras. También propusimos la creación de un organismo público para la realización de las auditorías periódicas del sistema, política de primas o ayudas a tecnologías renovables con intervención directa en las subastas de energía. Y, en última instancia hemos exigido la reforma de la fiscalidad que se aplica al sistema eléctrico, limitando la acumulación actual de impuestos que recaen sobre la tarifa eléctrica o sobre las empresas y que terminan pagando los consumidores y la reducción inmediata del IVA del 21 % al 4 %.

Por todo ello, transmitimos la exigencia al Ministerio de Transición Ecológica y al Ministerio de Industria, para que en el ejercicio de sus competencias en el sector eléctrico, tramiten a la mayor brevedad posible y lo que en derecho proceda, las modificaciones pertinentes que conduzcan a la transparencia de toda la enojosa e injusta legislación actual que permite las injustificadas subidas del coste de energía, la pobreza energética y el enriquecimiento inmoral de las compañías eléctricas bajo el privilegio de su monopolio, estableciendo la gestión y control público que se estime necesario.

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