En una votación ajustada y después de una larga y tensa deliberación, el Tribunal Supremo ha decido volver a la casilla de salida y darle la razón a los bancos en los impuestos de las hipotecas. La jurisprudencia vigente durante más de veinte años vuelve a imponerse. El cliente paga, la banca gana. Nada nuevo, es lo que viene sucediendo históricamente en las relaciones entre una y otro.
En medio de esta polémica no podemos, sin embargo, olvidarnos de un par de detalles: España es el país con el impuesto por la firma de hipotecas más alto de toda la UE, por encima de Francia, Italia o Portugal, donde también existe este tributo y es el cliente el que lo paga. En Alemania, Reino Unido y Holanda ni siquiera están gravadas las hipotecas. Por verlo de un modo distinto: la discusión no debería estar en quién debe pagar, sino en si el impuesto debería existir. En último caso, cabría discutir por qué la voracidad fiscal es aquí muy superior a la de los vecinos.
Pero eso no significa que no debamos preguntarnos asimismo por qué, en tan poco tiempo, se han dictaminado por dos salas una cosa y su contraria. O por qué los magistrados, tras haberse metido en el momento más inoportuno en el berenjenal que se ha metido, no han optado por la tercera vía y que el impuesto recayese sobre la banca pero a partir de la sentencia, sin su carácter retroactivo. A fin de cuentas, los bancos ya se las arreglarían para que de una forma u otra lo pagasen sus clientes. La banca, ya digo, jamás pierde.
El caos jurídico será aprovechado desde muchos frentes interesados. Por los que buscan deslegitimar a la justicia en vísperas del juicio a los independentistas del procés, y también por los partidarios de movilizar la calle manipulando el daño infligido a la sociedad.
