09 de noviembre de 2018
09.11.2018

Gana la banca

09.11.2018 | 20:25
Gana la banca

Creo que en estos días no habrá habido una frase que se haya repetido con más insistencia que la de «la banca siempre gana». Somos millones de españoles los que estamos liados con alguna hipoteca y, por lo tanto, la expectación generada en torno a la resolución de este tema era máximo, como también lo ha sido el enfado de quienes hemos tenido la sensación de que los fundamentos jurídicos sobre los que se asienta han podido verse afectados por cuestiones externas al ámbito legal.  

No es este el momento de realizar un pormenorizado análisis jurídico de la sentencia, ya que además el Derecho es una de esas ramas del conocimiento donde se puede defender una cosa y justo lo contrario casi sin despeinarse. Sin embargo, todos compartimos la idea de que la actuación del Tribunal Supremo ha sido, cuanto menos, sorprendente desde el mismo momento en que el magistrado Díez-Picazo procedió a paralizar la aplicación de la sentencia en la que se condenaba a la banca a pagar los impuestos hipotecarios.

Como indicó en ese instante el propio presidente del alto tribunal, Carlos Lesmes, la gestión de todo ese asunto no era la correcta, pero el desarrollo de los acontecimientos todavía ha sido peor, habiendo finalmente recibido la crítica de muchas asociaciones de jueces y fiscales, quienes han llegado a afirmar que existen dudas razonables sobre su independencia. De una forma muy gráfica, parece que determinados poderes económicos se han conjurado para retirar la venda de los ojos a aquella diosa que representa la Justicia, acabando con ese principio básico de que actúa de forma objetiva, sin miedos ni favoritismos.

No tengo dudas, como abogado, de que serán las instancias judiciales europeas las que deberán resolver esta cuestión, quizás con ese criterio más avanzado en materia de protección de los derechos de los consumidores frente a los excesos de la banca, que ya ha demostrado en otras ocasiones. Algo similar sucedió con las cláusulas suelo cuando, en 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio la razón a los ciudadanos y dictaminó a favor de establecer la retroactividad total en la devolución de esas cláusulas.

Lamentablemente todo esto viene a suceder en un momento donde el poder judicial y el Supremo deberían estar procurando demostrar una mayor fortaleza, quizás para sufrir el menor desgaste posible y afrontar con las máximas garantías el complejo procedimiento judicial que se anticipa contra los dirigentes políticos del procés. El daño a la credibilidad e imparcialidad de una institución con 206 años de historia es irreparable.

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