Debo de ser un romántico desfasado por creer que existe la ética en política, esa que conlleva la unión de fuerzas en casos que son de Estado. Lo visto en los últimos tiempos en temas de violencia de género me induce a pensar que estoy en un error.
Aún resuenan las acusaciones de la hoy vicepresidenta Mónica Oltra, cuando estaba en la oposición y la comunidad era noticia por el número de casos de violencia de género. Entonces no tenía empacho en acusar al Gobierno de ser el causante del empeoramiento de la situación por su dejadez y por no dar una respuesta eficaz. Los líderes de Compromís se comprometieron a impulsar leyes, medidas, inversiones...
A los actuales responsables de la política social, el pasado les estalla en la cara. El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género que preside el Consejo General del Poder Judicial atribuye a la Comunitat Valenciana el segundo puesto en casos de mujeres víctimas de malos tratos. Más del 12 % de las órdenes de protección realizadas en España corresponden a nuestra comunidad, más de 9.000 valencianas tienen protección policial y casi un millar de valencianos están en prisión por violencia de género, el 14% del total nacional.
La vicepresidenta Oltra presentaba el pasado mes de septiembre en Alicante los resultados del primer ejercicio del Pacto contra la Violencia Machista, alardeando de que un 76 % de las medidas previstas habían sido ejecutadas. Son datos que no casan con lo que los expertos apuntan. Como muestra, ahí está el informe de especialistas de renombre que presentó Gabriela Bravo, titular de Justicia del PSOE -socio de Compromís en el Consell- que destrozaba la visión idílica de Oltra.
Por todo ello, la imagen que el tripartito traslada es de división, desconfianza y disputas internas, en lo que se antoja una lucha de poder y de egos a la que el presidente asiste impotente.
Los autores del informe indican que faltan medios, que es necesaria mayor coordinación de los recursos, que son imprescindibles cambios normativos, que hay que unificar modelos, que deben incrementarse la formación, el número de fiscales y de oficinas especializadas, que hay que potenciar la figura forense... por citar sólo algunas recomendaciones.
El plan de emergencia para luchar contra los feminicidios prometido por Compromís en su programa contemplaba la colaboración de la Administración, las ONGs, los agentes sociales, los profesionales... A estas alturas, ya sería mucho pedir que el propio Gobierno se pusiera de acuerdo. Dentro de unos días celebraremos el 25N y no me sorprenderé ante cualquier discurso
