Todos debemos recordar ese gran discurso de Vito Corleone después de asesinado su hijo mayor y cuando la guerra con los Tataglia - con la anuencia de las restantes familias de Nueva York - amenazaba con un exterminio generalizado. Don Vito, recuperado de sus heridas, se dirigió a todos - así lo cuenta Mario Puzo - para alcanzar la paz. Por encima de las luchas y enfrentamientos por el poder, por encima de las diferencias irreconciliables y de los intereses incanjeables, estaba la defensa perentoria ante el mundo exterior. «¿Por qué hemos de tolerar la interferencias de gentes ajenas a nuestras familias, a nuestros intereses, a nuestros proyectos? Nuestras familias, nuestros intereses, nuestros proyectos son cosa nostra». Corleone fue aclamado entre aplausos por los mafiosos presentes y consiguió su gran objetivo estratégico: evitar (por el momento) más derramamiento de sangre.
Hace muchos años se ha detectado como uno de los déficit democráticos más graves en el sistema político español, definido por la Constitución de 1978, el (llamado) gobierno del poder judicial. Recuerdo que el profesor Alejandro Nieto llegaba a sostener que en España era muy difícil hablar propiamente de la existencia de un poder judicial, pues en verdad lo que se tiene es «un simple servicio público denominado Administración de Justicia». «A una institución que carece de independencia y está atendida por funcionarios públicos», apuntaba Nieto, «no puede reconocérsele en verdad la condición de poder constitucional». Quizás sea uno de los peores defectos de diseño del sistema constitucional y la ley orgánica que la regula -año 1985 - lo empeoró, y las reformas sucesivas han sido aún más terribles, porque en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial se entremezclan hace lustros una partidización obscena y un corporativismo nauseabundo. La influencia de intereses de la élite bancaria del país en la corrección de la sentencia del Tribuna Supremo sobre el impuesto hipotecario es una hipótesis más o menos verosímil. La negociación desvergonzada entre el PSOE y el PP para decidir el nombre del próximo presidente del CGPJ -que será al mismo tiempo presidente del Supremo - es una mefítica obviedad que transcurre a la vida de todos. Como siempre. La única novedad es que Podemos parece dispuesta a participar en esta piñata buhonera a cambio de un magistrado o magistrado de sus complacencia para conmoción de muchos de sus militantes y cargos públicos. El sábado manifa frente al Tribunal Supremo y el lunes conciliábulos y telefonazos para llevarse un pedazo del pastel mientras Echenique prepara argumentario: esto se hace para garantizar una mayoría 'progresista' en el CGPJ o, todavía más cómicamente, para que se facilite un amplio número de magistrados en el máximo órgano de gobierno judicial. Porque ya se sabe que depende del sexo de los atracadores calificar el atraco como positivo o negativo para la gente.
Podemos e Izquierda Unida han sido fuerzas muy activas, en los últimos meses, en conseguir la abdicación de Felipe VI porque, al parecer, una monarquía parlamentaria parasita y pervierte un régimen democrático. En cambio, un poder judicial cuasinexistente, negociado a tumba abierta por los grandes partidos y las asociaciones profesionales en un renovado intercambio de cromos, y abiertamente inoperante gracias a su delirante estructura asamblearia, al parecer, no causa ningún estropicio democrático. Bastará con que entre uno de los nuestros. Bastará con que, a partir de ahora, sea también cosa nostra.
