Con esta advertencia, Amnistía Internacional titula su último informe en el que se da visibilidad a la violencia sexual que sufren miles de mujeres y niñas en España y los obstáculos a los que tienen que hacer frente durante el proceso judicial llegando a sufrir una violación más, la de sus derechos.
La Asamblea General de Naciones Unidas ha establecido que "los Estados deben aplicar por los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer", dirigida a prevenir, sancionar y erradicar las distintas formas de violencia de género, incluida la sexual. Consecuentemente, según la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, los "datos fiables y de evaluaciones de riesgo" sobre violencia hacia las mujeres, incluida la sexual, son esenciales para vislumbrar la magnitud del problema y posibilitar su erradicación a través de políticas públicas que visibilicen la dimensión de este delito desde un enfoque no neutral al género.
Así, en la encuesta realizada por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, publicada en 2014, se apuntaba que el 50% de las mujeres en España había experimentado alguna forma de acoso sexual desde los 15 años de edad.
En 2015 se incluyeron por primera vez en la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer datos significativos sobre la prevalencia de la violencia sexual en España, apuntando a que aproximadamente el 14% de las mujeres de 16 años o más había sufrido violencia sexual a lo largo de su vida por parte de parejas, exparejas o terceros.
En junio de 2018, por primera vez la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha presentado un estudio sobre la "Percepción Social de la Violencia Sexual" en España, contiendo hallazgos alarmantes en relación a muchos de los mitos, ideas preconcebidas y estereotipos de género que la sociedad española todavía asume sobre la violencia sexual contra las mujeres en alguna de sus manifestaciones.
Pese a lo preocupante de las cifras, España sigue estando muy por debajo de la media europea en cuanto al número de denuncias presentadas por violencia sexual. Según Eurostat en 2015, se denunciaron 2,65 violaciones por cada 100.000 habitantes, ocupando el puesto 25 de los 32 países europeos analizados. No ser creídas, la estigmatización, y la falta de confianza en las autoridades son algunas de las causas del reducido número de denuncias.
Conocer el nivel de denuncias en relación a los delitos contra la libertad sexual, y también los datos sobre los procedimientos judiciales iniciados a partir de estas denuncias, así como la forma de terminación del proceso penal es indispensable, pues como afirma la Relatora Especial: "La tasa de denuncias revela si las mujeres creen cada vez más en la eficacia de los Estados para combatir la violencia; la proporción de casos que son juzgados y conducen a medidas condenatorias revela si el cambio de políticas ha tenido efectos".
El informe visibiliza que el Estado español sigue careciendo de políticas públicas que garanticen la respuesta integral, desde el enfoque de género e interseccional, así como de derechos humanos ante la violencia sexual, es decir, con recursos especializados de atención integral, medidas de prevención, garantía efectiva de todos los derechos de las víctimas durante el procedimiento judicial, formación especializada de los equipos que intervienen, reparación integral del daño, abordando también las necesidades específicas de las mujeres que enfrentan formas entrecruzadas de discriminación. Tampoco cuenta con una legislación que garantice el enfoque de género para abordar este tipo de delitos, contemplando el impacto diferencial de estos delitos sobre las mujeres y niñas por el hecho de serlo.
El Pacto de Estado contra la violencia de género debe considerarse como un primer punto de partida para situar los derechos humanos de las mujeres y la lucha contra todas las formas de violencia de género en el debate político. Igualmente, ha de existir voluntad política para un abordaje específico de la violencia sexual, en la obligación que establece tanto el marco normativo internacional como europeo en el acceso y obtención de asistencia, protección y justicia.
Por último, Amnistía Internacional recomienda al Gobierno español y a todas las instituciones públicas encargadas de garantizar y proteger los derechos humanos de las mujeres y chicas adolescentes residentes en el territorio español que asuma su responsabilidad y obligaciones para responder con la diligencia debida frente a violencia sexual en sus múltiples manifestaciones y ámbitos en los que ésta se produce, tal y como establecen los estándares internacionales de derechos humanos.
